Un nuevo exceso del gobierno hace sonar todas las alarmas. El presidente Vázquez, junto a los ministros de Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Ganadería y Defensa, firmó el decreto 115/018 que reglamenta la Ley de Recursos Hidrobiológicos de 2013.

El mismo subordinó todas las investigaciones académicas sobre la calidad de las aguas y los recursos acuáticos al férreo control de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Lo hizo de la manera más tajante y autoritaria que podría imaginarse al prohibir toda investigación por fuera de los organismos gubernamentales.

Suponíamos que habíamos superado aquellos oscuros tiempos en los cuales desde el gobierno de facto se intentó ejercer un control total sobre la información, según la conveniencia oficial. Pero en pleno siglo XXI nos sorprende el Poder Ejecutivo de nuestro país al imponer que cualquier proyecto de investigación de recursos acuáticos deba ser aprobado y fiscalizado por Dinara.

Y no solo eso, además inspectores del organismo deberán participar del mismo, a fin de controlar las actividades de los investigadores, y los costes que ellos insuman irán a cargo de la institución investigadora, por ejemplo la Facultad de Ciencias.

A partir de la entrada en vigencia de este pésimo decreto toda información emanada de investigaciones de los recursos acuáticos del país —sea sobre el estado y calidad del agua, la pesca, la biodiversidad del ecosistema, etc.— deberá ser aportada a Dinara antes de su eventual divulgación o publicación.

Esta reglamentación atenta contra derechos básicos de libertad de divulgación, de generación de conocimientos, de denuncias y reclamos al Estado de toda índole. Pretende actuar como una mordaza propia de regímenes autoritarios, incapaces de vivir en armonía con instituciones saludables en regímenes auténticamente democráticos.

Comete la afrenta de exigir que la presentación del proyecto de investigación incluya información pormenorizada del personal técnico que participará del mismo, debiendo agregar los currículos de cada uno de los científicos y técnicos.

Como sabemos, en nuestro país las principales investigaciones de esta naturaleza (biología marina, hidrobiología, etc.) se realizan en la órbita de la Universidad de la República. ¿Quién tiene autoridad académica suficiente en los ministerios para juzgar la competencia e idoneidad de los técnicos y científicos de la Udelar, responsables del proyecto en cuestión? Seguramente, alumnos deberán evaluar a sus docentes.

Esta incómoda situación nos trae a la memoria los controles militares que se realizaban en los 70 de los contenidos de los diarios y semanarios de nuestro país, antes de su liberación a la venta al público.

Algo está muy mal en este gobierno. Ensaya un discurso abierto y transparente pero, al mismo tiempo pone en práctica el "secretismo" en proyectos de desarrollo, aprueba la ley de prensa y coarta la libertad de investigación científica.

Son pésimas señales para la salud democrática de nuestro país y lamentablemente una mayoría de la población ni se entera a no ser que la prensa lo haga saber.