Con la inauguración del puente sobre la Laguna Garzón concluyó una historia de idas y vueltas que duró varios decenios.

Con la inauguración del puente sobre la Laguna Garzón concluyó una historia de idas y vueltas que duró varios decenios.

El principal argumento en su contra era la conservación de la extraordinaria riqueza en diversidad biológica que caracteriza a la franja costera oceánica y a su conexión con la Laguna Garzón.

No es casualidad que desde 2014 es área natural protegida de Uruguay, aunque ya gozaba del estatus internacional de formar parte de la Reserva de Biosfera de la Unesco desde hace 39 años.

Está ampliamente demostrado que la existencia de rutas nacionales sobre la misma línea de la costa provoca un alto impacto sobre los ecosistemas y las especies que los habitan.

La ausencia de un puente que conectara la Ruta 10 entre los departamentos de Maldonado y Rocha, garantizaba que el acceso principal a todos los balnearios de la zona se realizara desde la Ruta 9, bajo la modalidad “de peine”, liberando a la laguna y a la faja costera del nutrido tránsito de paso que toda vía importante implica.

Esto ya es historia.

Ahora comienza un tiempo nuevo donde autoridades nacionales y departamentales deberán garantizar el cumplimiento de las normas vigentes de protección ambiental para asegurar el desarrollo sustentable de la zona, y proteger el patrimonio de todos los uruguayos. No será nada fácil porque existen demasiados intereses económicos y políticos.

El puente se hizo realidad porque la mayor parte de los costes de construcción los asumió un empresario particular, promotor de un millonario proyecto de urbanización a corta distancia de la laguna. Esta suplantación de responsabilidades inherentes al Gobierno nacional, demuestra la permeabilidad de las autoridades ante el pedido de un privado a realizar legítimos negocios lucrativos. Postura muy diferente a la que asumieron frente al reclamo de integrantes de la sociedad civil de que el puente no se debía construir por fundamentadas razones conservacionistas.

Quedó bien claro que el objetivo primario de la obra es promover el desarrollo urbanístico de la costa rochense, algo que está por encima de los costos ambientales que pudiera acarrear, como siempre ha sucedido en las costas uruguayas. La presión inmobiliaria es enorme porque estamos hablando de los sitios más atractivos del país por sus bellezas naturales.

En el acto de inauguración el empresario financiador de la obra convocó a los particulares de la zona que se benefician con ella, a pagar la reconstrucción de la destruida Ruta 10. Por lo visto está convencido de que el que paga decide, aún en obras nacionales. Por su parte el Arq. Viñoly, autor del diseño del puente, reclamó públicamente que no fue respetado su proyecto original. Incluía vías peatonales y vehiculares (en ese orden de importancia) pero la versión inaugurada solo incluye a los vehículos.

Ambas intendencias, en sus planes de ordenamiento territorial prevén pasar esa zona de uso rural a urbano. Están las condiciones para que se hagan realidad varios megaproyectos en esa hermosa faja de costa oceánica.

A la hora de decidir será muy difícil que la Intendencia de Rocha pueda resistirse a la tentación económica, vista la siempre preocupante precariedad de sus arcas.