El histórico triunfo de Luis Lacalle Pou co-mo conductor de la coalición ganadora en el balotaje del domingo pasado, le abre un nuevo tiempo al país. Es conocido que deberán enfrentarse enormes desafíos, como se los ha señalado a lo largo de la campaña.

Uno de los más esenciales pensando en el futuro a corto y largo plazo, es en lo ambiental.

Todos sabemos lo estratégico que resulta para la salud, el bienestar y el progreso de la sociedad, la correcta gestión de las aguas superficiales y subterráneas, a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero, lamentablemente es algo que hasta hoy parece ser una lejana utopía, porque la realidad marca, con angustiante crudeza, que aunque los problemas que nos aquejan son bien conocidos desde hace mucho tiempo, poco y nada se ha hecho para remediarlos. Declaraciones, promesas, justificaciones, búsquedas de “culpables” en otras partes, dilación permanente de las medidas correctivas, han sido las posturas habituales de una buena parte de las autoridades, a la hora de explicarle a la ciudadanía por qué debe enfrentar a diario la notoria contaminación de ríos, arroyos, cañadas y lagunas; la aparición extendida y sostenida de cianobacterias en las aguas superficiales de buena parte del territorio (ataca a la salud pública, perjudica a la producción y daña el turismo); la pérdida de napas freáticas en alguna zona del país; etc.

El gobierno entrante, que ya anunció su intención de crear un ministerio exclusivamente dedicado a lo ambiental, sabe que tendrá que colocar este tema sobre la mesa de los asuntos de urgente tratamiento.

Uno de los desafíos iniciales tiene que ver con aspectos institucionales. Nos referimos a optimizar los recursos humanos, materiales y presupuestales, eliminando la duplicación de tareas, de jurisdicciones que aún hoy se registra en el Poder Ejecutivo.

En esa perspectiva deberá considerar la inmediata eliminación de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático de la órbita de la Presidencia de la República, por ser un organismo que nunca debió existir, porque en todo caso lo que puede aportar es algo negativo para nuestra República: un accionar en temas ambientales de primerísimo orden bajo la órbita del Presidente de la República, que queda fuera del control parlamentario.

El Ministerio del Ambiente tendrá la fortaleza que contar con toda la jerarquía de una Secretaría de Estado, y la dedicación plena a asuntos de capital importancia; sin diluir su dedicación y dividir la toma de decisiones con los temas de vivienda y ordenamiento territorial, como sucede hasta ahora.

Pero, el nuevo gobierno sabe que recibirá varios problemas muy complicados, como el absurdo y perjudicial acuerdo firmado entre la Presidencia y la empresa finlandesa que proyecta construir UPM2 a orillas del río Negro, en Durazno. Porque obliga a nuestro país a cumplir cláusulas absurdas y muy onerosas para los bolsillos de los contribuyentes. Pero también, porque el pleno funcionamiento de la planta significará una presión ambiental desmedida sobre el ya contaminado río Negro.

Resulta muy difícil vaticinar que sucederá, porque el margen de negociación con la multinacional que nos dejó el gobierno es casi nulo.