Entre las situaciones ambientales adversas que padece el país hay una que destaca. 

Disponemos de un organismo estatal cuyas competencias incluyen la potabilización y distribución del agua corriente, pero al mismo tiempo es responsable de contaminar de manera significativa la fuente natural que utiliza: río Santa Lucía.

La principal planta potabilizadora de OSE (Aguas Corrientes) vierte al propio río cantidades enormes de lodos -son los residuos sólidos resultantes del proceso industrial. Es una situación inexplicable que va directamente en contra del interés nacional y del sentido común.

No es necesario subrayar la importancia que tiene la cuenca del río Santa Lucía. Suministra el agua potable para el 60% de los uruguayos. Su cuenca abarca unos 13.500 km2, incluye los departamentos de San José, Flores, Florida, Lavalleja, Canelones y Montevideo. Si bien la preocupante contaminación de la cuenca se debe a varios factores (desechos urbanos, producción lechera, ganadera, agrícola, hortifrutícola), el más absurdo es el provocado por el propio estado.

El funcionamiento de la planta de Aguas Corrientes genera una elevada producción de lodos que, aunque tienen una baja carga orgánica y no se han identificado en ellos sustancias peligrosas que superen los límites permitidos por las disposiciones vigentes, su presencia resulta altamente perjudicial para la salud ambiental del río. En 2018 autoridades locales denunciaban que los vertidos al Santa Lucía equivalían a 3.000 camiones de lodos diarios generados en esa planta.

El asunto había tenido gran repercusión en la opinión pública y en las autoridades en 2008 cuando una gran sequía puso en serios aprietos las reservas en Paso Severino y el caudal del río descendió dramáticamente; pero no el ritmo de potabilización en la planta de Aguas Corrientes -ubicada 20 kilómetros al sur.

Desde luego es un problema de vieja data; varios han sido los anuncios de soluciones definitivas que nunca se concretaron. Estamos hablando de la construcción de una planta moderna de tratamientos de los lodos, que se viene postergando desde hace dos décadas.

En 2013 se difundió la primera generación de medidas para darle una solución definitiva a los lodos. No pasó nada. En 2018 el gobierno ganó más tiempo al lanzar la segunda generación de medidas, repitiendo exactamente lo mismo. Nada pasó.

En 2019, luego de conocerse el resultado de la segunda vuelta electoral, el gobierno saliente presentó un documento detallando acerca de la bien conocida situación del Santa Lucía, en el cual le propone al gobierno entrante la necesidad imperiosa de construir una planta de tratamiento de lodos, ya que se trata de un “tema prioritario de importancia estratégica para Uruguay”. Había dejado pasar lastimosamente la gran oportunidad de hacerlo en los 15 años de gobierno frentista, disponiendo de una bonanza económica histórica.

En estos días OSE anunció el llamado a expresiones de interés para iniciativas privadas para finalmente concretar la gestión integral de los lodos de manera sostenible, a través de la construcción de una moderna planta de tratamiento.

Esperemos que esta vez sí se concrete este proyecto absolutamente esencial para la calidad de vida de este país.