Hernán Sorhuet Gelós
Hernán Sorhuet Gelós

Hay mucho en juego

Nadie puede discutir la esencialidad del agua para la salud. Ese principio general lo recogió la reforma constitucional de 2004, al definirlo -en el artículo 47- como un derecho humano fundamental.

Nadie puede discutir la esencialidad del agua para la salud. Ese principio general lo recogió la reforma constitucional de 2004, al definirlo -en el artículo 47- como un derecho humano fundamental.

La voluntad popular estableció, como garantía adicional, que el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano será prestado exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Por lo tanto excluye la intervención privada en el servicio.

En 2009 se reglamentó este artículo a través de la ley 18.610, reafirmando que todo habitante del país tiene derecho al acceso al agua potable y el saneamiento y que es responsabilidad del Estado hacer cumplir este mandato.

En pocas palabras, le compete establecer y proteger las fuentes naturales del recurso, potabilizar el agua, y conducirla hasta los usuarios para que llegue con la calidad requerida por los estándares nacionales, en todo el territorio.

No deja de ser una paradoja que, aunque nadie discute lo esencial que el agua dulce resulta para el bienestar de la sociedad, esta se maneje con tanto descuido e irresponsabilidad, a la hora de evitar su contaminación y derroche.

Prueba de ello es que la gran mayoría de los cursos de agua vinculados a las actividades humanas y a centros poblados están contaminados en diferentes grados.

Años atrás ya sonaron las alarmas en cuanto al peligroso deterioro que se constata en cuencas claves para el abastecimiento nacional, como lo es, por ejemplo, la del río Santa Lucía para toda el área metropolitana.

Como era de esperar el organismo estatal responsable del servicio a nivel nacional transmitió tranquilidad, informando que se estaban tomando las medidas para revertir la situación pero, sobre todo, garantizando que no se iba a ver afectada la calidad del agua potable para los usuarios.

Pasaron pocos años y se produce la actual crisis del agua en Maldonado. La población fernandina recibe de OSE un agua con sabor a tierra y mal olor. En un intento de defensa de su desempeño sus voceros dicen que a pesar de ello el agua es potable, cuando es evidente que no cumple con algunas de las características obvias para presentar tal condición.

Evitar la contaminación de la laguna del Sauce, así como de tantas otras fuentes de agua superficial del país, es responsabilidad directa e ineludible del Estado, a través de sus diferentes organismos especializados.

Disponemos de una Política Nacional de Aguas que garantiza el cumplimiento del suministro de agua de buena calidad para el consumo humano, y lo destaca como la principal prioridad de uso de los recursos hídricos. Pero también mandata al Estado que debe controlar para impedir la afectación de los recursos hídricos, en cuanto a cantidad y calidad, y que desde luego hará incurrir en responsabilidad a quienes la provoquen.

La omisión gubernamental se constata en ambos frentes. Estamos viviendo un problema que se conoce y advierte desde hace mucho tiempo, y que, a pesar de su esencialidad, se lo ha manejado burocráticamente.

Ante ese complejo panorama la sociedad civil debe llamar a responsabilidad al gobierno con mucha firmeza y decisión, como lo ha hecho otras veces.

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