Estamos padeciendo los resultados inevitables de la improvisación en la gestión de las cuencas hidrográficas.

Con la aprobación de la reforma constitucional mediante el “plebiscito del agua” en octubre de 2004, el nuevo artículo 47 incorporó conceptos y obligaciones importantes. Impone que la política nacional de Aguas y Saneamiento esté basada en la gestión sustentable (solidaria con las generaciones futuras) de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general; estableciendo las cuencas hidrográficas como unidades básicas de manejo.

El estado uruguayo tiene la obligación -como vemos por mandato constitucional- de llevar adelante una gestión sustentable de las aguas subterráneas y superficiales del país pero, no de manera parcial o local, sino incorporando la concepción de cuenca.

La razón es simple y lógica, por eso, malas prácticas o eventos que ocurren a muchos kilómetros de distancia, suelen tener efectos directos en el comportamiento o la calidad de las aguas que tenemos delante de nuestros ojos.

Como pocas veces se había visto, estamos padeciendo una notoria y peligrosa degradación de las aguas en muchos puntos del país. La que ha generado mayor alarma pública es la persistente floración de cianobacterias ocurrida en la faja costera, extendida desde Colonia a Rocha.

Esta contaminación significa un riesgo importante para la salud de las personas. El fenómeno no es nuevo, pero creció en magnitud y permanencia. Lo que antes era una aparición esporádica de pocos días, ahora se ha mantenido varios meses, dejando de ser puntual para transformarse en extensa.

Los especialistas advierten que debido a las causas de este fenómeno, no será fácil erradicarlo. Ocurre cuando hay altas temperaturas, aumento significativo de las lluvias y exceso de vertidos de fósforo nitrógeno en aguas tranquilas no salobres, como en embalses y lagos. Si se dan lluvias abundantes, se produce un transporte masivo de agua con cianobacterias, capaces de recorrer muchos kilómetros.

Pensando en el mayor embalse del país, hasta las propias autoridades nacionales responsables de su conservación reconocen que es elevado el estado de contaminación del río Negro. Un alto jerarca de Presidencia declaró que se comenzó a desarrollar un plan de acción para mejorar la calidad de sus aguas, similar al que se viene aplicando en el río Santa Lucía.

A pesar de que hace varios años muchos vecinos y productores ubicados a orillas del río Negro denuncian la grave situación, es casualmente ahora cuando el gobierno se decide “hacer algo”, estando abocado a concretar “contra viento y marea” la instalación de una mega fábrica de celulosa, que utilizará gigantescos volúmenes diarios de agua del río, vertiendo nuevos desechos a sus aguas. El sentido común indica que no es el lugar apropiado para su funcionamiento. Mientras tanto seguimos sin asumir la responsabilidad de aplicar una gestión de cuenca, lo que incluye concretar una coordinación estrecha con los países vecinos (acuífero Guaraní, cuencas del Paraná, del Uruguay, etc.).

Tanta improvisación conduce a mayor degradación ambiental, sobrecostos, pérdidas y al fracaso de la gestión.