Hernán Sorhuet Gelós
Hernán Sorhuet Gelós

La frutilla de la torta

El gobierno festeja la confirmación de la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM en el país, como un logro histórico.

Por su parte la empresa disfruta del extraordinario éxito que ha conseguido frente a nuestras autoridades, para maximizar el éxito comercial y minimizar cualquier problema o dificultad que debe afrontar todo emprendimiento nacional o internacional al operar en Uruguay.

Como es sabido, las condiciones de este contrato son muy desparejas para las partes, inclinando el fiel de la balanza de manera notoria a favor de la multinacional finlandesa.

Se subordinó el marco legal, las exigencias ambientales, los perjuicios a muchas familias, a la firma del contrato, sin importar todo lo que queda por el camino.

Los beneficios y prerrogativas concedidas al privado se ubican a una distancia sideral de las que habitualmente se les conceden a los empresarios nacionales. Por lo visto, el único argumento oficial para hacerlo es el volumen de la inversión que está en juego. Algo curioso proviniendo de un gobierno de izquierda que siempre ha enarbolado entre sus banderas más enhiestas, la lucha “sin cuartel” contra el capitalismo y el colonialismo de las multinacionales.

Si este acuerdo hubiese sido firmado por un gobierno “de derecha” habría sido de inmediato tildado de “neoliberal”. Pero como estamos habituados a ver, juzgan la realidad no basados en sus convicciones sino en sus conveniencias. Basta recordar el tema “Venezuela”, “Cuba” o “Nicaragua”.

El proyecto comenzó mal, porque Presidencia se arrogó una competencia que no tiene al negociar, acordar y firmar en secreto, este acuerdo con una empresa extranjera. De esa forma se aseguró que el asunto no pasara por la vía lógica y legal del Parlamento, para su exhaustivo análisis, discusión y eventual aprobación.

Y termina mucho peor, cuando quince días atrás el gobierno uruguayo acepta que se incluya una insólita cláusula en el acuerdo complementario, que habilita a UPM a retirarse de Uruguay cuando quiera (“por razones de conveniencia y a su entera discreción”), sin pago de una multa, con solo un preaviso de un año. Significa que a partir de ahora, la empresa podrá exigirle lo que desee al gobierno, y este, si no accede, tendrá “sobre su cabeza” la amenaza de la retirada, después de realizar licitaciones y comenzar obras ferroviarias (expropiaciones incluidas) que nos costarán miles de millones de dólares, para que se construya la tercera planta de celulosa del país.

Debido a tan extraordinaria concesión, no extrañó que UPM anunciara anticipadamente que se instalará en Pueblo Centenario, cuando aún le faltaba asegurarse varias de las exigencias que le impuso al gobierno, y disponía de seis meses para responder.

¿Qué forma de negociar y defender los legítimos intereses del país es esta?

El Gobierno uruguayo se aseguró así ser la parte débil del contrato confiriéndole a su contraparte poder absoluto y desde luego, arbitrario en el acuerdo, pues podrá destruir el contrato cuando se le antoje.

La pregunta que todos nos hacemos es por qué tomó una decisión tan irresponsable. ¿Será porque estamos en año electoral y percibe que podrá perder la elección, si no logra algo importante antes de fin de octubre?

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