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HERNÁN SORHUET GELÓS
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Uno de los cambios que podría resultar significativo para el desempeño gubernamental en materia ambiental, es la creación del ministerio del ambiente y del agua.

Con la aprobación de la ley de urgente consideración que en pocos días ingresará al Parlamento, nacerá esta nueva secretaría de estado, como resultado de una experiencia desarrollada desde 1990, a partir de la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma). Son tres décadas de aprendizajes, con aciertos y errores que han ido modelando una forma diferente de gestionar, de actuar y de vivir, marcada por una lenta pero creciente preocupación por el cuidado ambiental.

Está claro que la estructura del Mvotma no es la adecuada para enfrentar los actuales desafíos del país con excelencia, celeridad y eficiencia.

En primer asunto que intenta solucionar es otorgarle una jerarquía superior al tema, focalizando todos los esfuerzos y recursos de la cartera a materializar el tan promocionado desarrollo sustentable. De la actual estructura ministerial integrarán al nuevo organismo las áreas de las direcciones de medio ambiente, agua y cambio climático. En lo personal pensamos que también debería absorber ordenamiento territorial porque es intrínseca de las otras tres.

Según se anuncia, estas modificaciones son un reordenamiento de lo existente, por lo tanto, no deberían generarle al estado mayores erogaciones, ni contrataciones de más personal. Si logra sus objetivos de eliminar actividades superpuestas su funcionamiento podrá generar incluso ahorros económicos. Recordemos que además la ley eliminará a la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, que el gobierno anterior creó en la órbita de Presidencia en 2015.

Desde el punto de vista operativo el ministerio próximo a nacer debería eliminar sin más trámite la repartición de responsabilidades que hoy existe entre el Mvotma y el Ministerio de Ganadería (MGAP). A esta altura resulta injustificable que el MGAP sea responsable de ejercer los controles ambientales sobre el suelo y los recursos acuáticos de este país; que sea de su competencia la gestión del monte indígena nacional y que además cuente con una unidad de cambio climático. Queda claro que esta situación responde a la incapacidad para aggionarse y hacer más eficiente al estado, que han demostrado nuestras autoridades y legisladores desde hace bastante tiempo.

Con la creación del ministerio del ambiente y del agua el nuevo gobierno deberá dar un pronunciado golpe de timón a la conducción del país, para que transite por caminos firmes de producción sustentable -con énfasis en la agropecuaria-; que le posibiliten un aprovechamiento muy inteligente de los recursos naturales (suelos, agua, biodiversidad), respetando fielmente los principios de la conservación. De esa forma todos ganan.

Se trata de un cambio de visión y de conductas que implica mucho trabajo y esfuerzo, no exento de dificultades. Por eso los controles y fiscalizaciones bien realizados y a tiempo tendrán un rol protagónico trascendental. Es una herramienta que para ser efectiva debe aplicarse bien, sin excepciones ni vacilaciones. Confiemos en que así ocurra.

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