La legalización de la marihuana recreativa en nuestro país fue, desde su principio, una movida política.

Nada tuvo que ver con la lucha contra el narcotráfico ni con la defensa de las libertades individuales. Se aprovechó el “viento de popa” de disponer de mayorías parlamentarias, y de contar con un presidente propenso a anunciar proyectos de alto impacto que no se concretaron (salvo alguna excepción como la que nos ocupa), para aprobar la norma que legalizó la producción y comercialización del cannabis en diciembre de 2013.

El principal argumento para tratar de convencer a la opinión pública de que no era una locura, fue decir que se le asestaría un golpe al narcotráfico, algo que ya se sabía no iba a ocurrir. Porque el negocio de la marihuana es “de poca monta” en el universo de las drogas, y porque en todo caso los traficantes ajustarían sus precios al mercado, ganando un poco menos.

Han transcurrido veinte meses desde que comenzó la venta en algunas farmacias y ya disponemos de algunos datos que hablan por sí solos. El número de personas registradas y habilitadas para comprar trepó de casi 5.000 a 24.000. Y es probable que siga creciendo porque hay más oferta de mercadería (la legal más la ilegal), a lo que se le suma el nefasto mensaje que lleva implícita esta legalización: “consumir marihuana no puede ser dañino desde el momento que el estado autorizó su venta al público, y además que ésta se compra en farmacias dónde se venden los medicamentos que nos ayudan a mantenernos sanos (colocando al cannabis recreativo al mismo rango que el medicinal)”.

Ante ello resulta una ingenuidad que los responsables de su legalización crean salvar responsabilidades, obligando a exhibir carteles con algunas advertencias en las farmacias vendedoras de droga, como que el consumo de cannabis limita la capacidad de concentración y memoria (para estudiantes) y que altera la percepción, que puede causar cansancio y bajar los reflejos (para trabajadores).

Otro de los resultados de lo ocurrido es que los volúmenes de marihuana ilegal que continúa incautando la policía, son similares a los de antes de la legalización.

A casi dos años de aplicarse el experimento, arribamos a un par de conclusiones: que cada vez más personas consumen marihuana en el país, y que con esta medida no se está golpeando al narcotráfico. Solo ganan los que la producen y venden.

En la escena internacional, este año nuevamente la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas criticó a Uruguay por aplicar esta política, señalando que socava los tratados internacionales para combatir al consumo de drogas. Subraya que está provocando un descenso en la percepción social del riesgo que conlleva el consumo de droga. Las personas bajan la guardia ante este terrible flagelo, banalizan los riesgos que corre el consumidor. Y quizás esperando que la disminución de la exposición mediática del tema por acostumbramiento, contribuya a que el consumo se incorpore con normalidad a la vida nacional.

Lo que nadie puede discutir es que el consumo de cannabis recreativo va en contra de la salud, aunque el presidente Vázquez diga que su gobierno se opone terminantemente al consumo de drogas.