Hernán Sorhuet Gelós
Hernán Sorhuet Gelós

Educación e información

En un año ya perfilado como de los más inusuales que se recuerden, el sector político uruguayo decidió crear un ministerio con dedicación exclusiva a los asuntos ambientales del país.

Está muy bien que así sea considerando su elevada incidencia en la calidad de vida de la población, y en la consecución del desarrollo sostenible -o sea aquel que, entre otros logros, consigue impulsar la producción sin degradar los recursos naturales.

Nos interesa enfocarnos en dos aspectos de sus competencias que nos parecen muy importantes, y que están interrelacionados.

El primero es el referido a la información. El inciso E del artículo 293 de la LUC le asigna al ministerio la competencia de centralizar, organizar, compatibilizar y difundir públicamente, toda la información relacionada con el estado de situación ambiental del país, a través del Observatorio Ambiental Nacional.

El amplio acceso a la información veraz y pertinente constituye una necesidad ineludible para garantizar la salud democrática en nuestra sociedad. Su imparable flujo a través de los medios, de las instituciones y organismos, de las organizaciones civiles, de las redes sociales, cada vez esculpe con mayor profundidad los perfiles políticos y sociales de los pueblos.

En ese marco, cobra enorme importancia asegurarle a la sociedad en su conjunto, el acceder a la información desde el ministerio especializado en la política ambiental nacional. En particular se le debe garantizar el conocimiento -lo más actualizado posible- de la situación que nos rodea y condiciona cada día de nuestras vidas.

Ahora todo cuenta. Desde luego importa la exactitud de los datos, pero también la velocidad de transmisión, para que su utilización pueda aprovecharse al máximo.

Alcanzar con éxito este objetivo, al mismo tiempo contribuye de manera inequívoca, a ejercer un más efectivo control ciudadano sobre la conducta y desempeño de los gobernantes, lo que contribuye a mejorar sustantivamente la calidad democrática del país.

El otro aspecto a comentar, es la competencia atribuida al ministerio en el inciso G del mencionado artículo.

Le impone la obligación de fomentar la conciencia ambiental de la ciudadanía, a través de procesos participativos de educación ambiental, con el fin de estimular el compromiso inclusivo de los ciudadanos en acciones y procedimientos destinados a asegurar el desarrollo sostenible.

Sin educación de calidad no hay transformación social. Esta competencia del ministerio, que quizás para algunos es de “relleno”, en realidad es de extrema importancia.

Porque de la mano de la difusión informativa de calidad, el ministerio debe diseñar con mucho cuidado y profesionalidad, acciones que apunten a cambiar malos hábitos y costumbres; así como a generar y fortalecer compromisos individuales y grupales que nos ayuden a ser agentes proactivos para alcanzar una sociedad mucho más sostenible que la actual.

Desde luego estamos hablando de acciones de educación no formal e informal, que deberán ser complementarias de las impulsadas por el sistema educativo uruguayo.

Aquí de lo que se trata es de sumar a lo que debería ser un gran proyecto nacional de concientización ambiental, que más temprano que tarde deberíamos tener en marcha en nuestro país.

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