La aguda crisis venezolana tiene ramificaciones interminables e invisibles por estas latitudes. En un acto desesperado el gobierno de Maduro impulsa la explotación minera a gran escala en la zona sur del territorio venezolano.

Desde luego el problema no radica en la realización de actividades mineras en el país, sino en las pésimas políticas que se están aplicando y las peores prácticas que allí se permiten. El Arco Minero del Orinoco desde 2016 habilita las actividades extractivas en cuatro enormes áreas del sureño estado de Bolívar, para la extracción de oro, bauxita, hierro, diamantes, coltán, etc. Involucra el 12% del territorio nacional, en plena zona amazónica. Coincide con muchos territorios indígenas y áreas naturales protegidas, lo cual no preocupa en absoluto a las autoridades.

La economía venezolana ha tocado fondo, mostrando niveles inimaginables de hiperinflación y de escasez de productos básicos. Como consecuencia existe una gran agitación política, un inocultable malestar social que solo se puede contener mediante la represión y la violencia de estado ejercida a todo nivel.

Debido a tales urgencias el despótico gobierno cívico-militar de Maduro apuntó sus baterías a la minería (recordemos que la economía venezolana se basa en la actividad petrolífera), otra actividad extractiva de recursos naturales no renovables.

Esta se está llevando a cabo de la peor manera, mediante el uso de la fuerza, los abusos de toda clase, la violación de los derechos humanos, el desconocimiento de las garantías individuales, el atropello a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, la degradación de los ecosistemas -incluso dentro de áreas protegidas- y la contaminación de cuencas hidrográficas.

Desde la época de las presidencias de Hugo Chávez, los militares venezolanos consiguieron mucho poder. Maduro continuó con esta política. El corolario es la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas de Gas (Camimpeg). No se sabe a ciencia cierta quiénes realmente controlan hoy la minería. Pero es seguro que detrás de esa explotación está el poder militar, pilar esencial de la dictadura actual.

Desde la oposición se asegura que la minería ha sido criminalizada por la opinión pública, pero no impide que se permita su operativa clandestina. Su máximo operador son las fuerzas armadas, y su ejecutor, el crimen organizado. También se denuncia que las fuerzas armadas cuentan con el absurdo número de casi dos mil generales. Este supercolectivo controla con mano dura el Arco Minero del Orinoco a través de la Camimpeg, extorsionando a las bandas que allí operan las minas ilegales y controlan las rutas de exportación -en su mayoría clandestinas.

Resulta muy difícil acceder a datos confiables y actualizados de lo que allí está sucediendo. El Observatorio Venezolano de Violencia informa que en el estado de Bolívar, en los primeros diez meses de 2017, al menos 1.415 personas fueron asesinadas. Todo hace suponer que esa situación se ha agravado considerablemente.

La batalla real por la apropiación de las riquezas minerales apenas ha comenzado. Es probable que la destrucción de 110 km2 de la selva amazónica venezolana sea la triste consecuencia del desarrollo del proyecto minero más grande de Venezuela.