El controversial contrato de inversión firmado entre nuestra República y la empresa finlandesa UPM con miras a construir una planta productora de celulosa sobre el río Negro, se respaldó en el Decreto 477/008 del 7 de octubre de 2008.

Hasta esa fecha no existía esa posibilidad pues ni siquiera estaba prevista en la Constitución, la cual con sabio criterio prevé que acuerdos de esta naturaleza —considerando los actores involucrados y sus alcances— requieren contar con la aprobación mayoritaria del Parlamento uruguayo. En el caso que nos ocupa lamentablemente esto no ocurrió.

No fue un olvido o una omisión involuntaria el que el Ejecutivo no informara detalladamente sobre el asunto al Parlamento antes de firmar el documento, sino que se decidió hacerlo de esa manera, negociando sus condiciones hasta suscribirlo dentro del máximo hermetismo que pudo lograr.

Implica asumir numerosos compromisos y responsabilidades de parte de Uruguay y prácticamente ninguna para la empresa privada.

¿Por qué nuestro gobierno escogió este camino caracterizado por la falta de transparencia?

¿Por qué declarar a casi todas las informaciones relacionadas a esta negociación como "confidenciales"? ¿Qué se está ocultando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que sea demasiado tarde?

Son preguntas que deberán responder los responsables del gobierno quienes en su intento de justificar lo hecho hasta ahora, recurren a un listado de atractivas promesas para el país en el terreno económico y laboral, que no respaldan ante la opinión pública con los estudios y documentos que deben poseer, refugiándose otra vez en la confidencialidad del asunto.

Ningún proyecto de desarrollo nacional justifica el secreto que impera en este caso. Por el contrario, se supone que vivimos en una época en la cual el acceso de la población a la información oficial es un derecho indiscutido e incuestionable, que fortalece las instituciones, revitaliza la democracia, garantiza el imperio del derecho, estimula y robustece los necesarios procesos de empoderamiento y gobernanza, que sin duda alguna mejoran la convivencia social, potenciando la equidad, la justicia y la vida pacífica.

Desde el momento en que este proyecto involucra aspectos críticos de nuevos usos del territorio, aprovechamiento de recursos naturales a gran escala, inversiones multimillonarias gubernamentales —que deberemos pagar todos los ciudadanos— expropiaciones de terrenos privados, afectación de la gestión de las represas del río Negro, obligaciones antieconómicas de compra de energía al privado durante mucho tiempo, etc., el asunto resulta demasiado serio para el presente y futuro del país como para manejarlo con tanta liviandad y turbiedad.

Es el propio Poder Ejecutivo el que debe reaccionar y hacer pública toda la información existente, que le permita justificar los pasos que ha dado hasta ahora. También estar dispuesto a responder cualquier consulta o interrogante que se le plantee.

Vivimos en una democracia plena, por lo tanto no existe justificación alguna para que unilateralmente se impongan estas restricciones; y estamos convencidos de que el Ejecutivo debería requerir la aprobación parlamentaria de este proyecto antes de dar un paso más.