Qué inoportuno resulta el decreto firmado por el presidente Vázquez, la ministra de Vivienda de León y el Subsecretario de Economía Ferreri, otorgándole una compensación especial a los funcionarios que trabajan en las autorizaciones para la instalación de la segunda planta de UPM en Uruguay!

Serán unos 20 millones de pesos que recibirá ese sector del personal de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para que realice su trabajo con celeridad, pues los tiempos apremian.

Para el gobierno la concreción de este proyecto es “de vida o muerte”, razón por la cual, sin ningún prurito, ha transgredido normas (Constitución, Tocaf, ley de Ordenamiento Territorial, etc.), ha “puenteado” al Parlamento, ha acordado condiciones absurdas e inaceptables con la empresa privada finlandesa, ha ocultado información crucial a la población, y está dispuesto a generarle al pueblo uruguayo una deuda multimillonaria que llevará muchos años pagarla.

Ante este escenario resulta fácil imaginar la variedad e intensidad de las presiones que debe recibir el personal de Dinama para aprobar, de manera rápida y sin complicaciones, las autorizaciones ambientales que establece la ley para que el proyecto de UMP2 pueda seguir adelante; algo que no resulta novedoso en los gobierno frenteamplistas; recordemos lo que sucedió con el proyecto minero de Aratirí. De hecho, meses atrás, hubo un conflicto que detuvo las actividades en ese organismo, el cual se solucionó rápidamente como era de esperar.

En un intento de darle una explicación coherente a esta decisión tomada en este momento, en el decreto se invoca una razón muy poco creíble: la necesidad de tomar medidas para asegurar que la remuneración de los profesionales y técnicos del Ministerio sea competitiva con el mercado laboral, y evite la pérdida de recursos humanos especializados.

Contando el estado uruguayo con un elevadísimo número de profesionales y técnicos distribuidos en sus muy diversas estructuras, ¿la preocupación de este gobierno por los sueldos y la necesidad de retener a sus técnicos se centralizó únicamente en los que están trabajando en las autorizaciones ambientales que solicitó la empresa finlandesa? ¿Solo a ellos es necesario e imprescindible retener?

Estamos presenciando un accionar sorprendente del gobierno, demostrando una inexplicable desesperación por concretar un enorme proyecto para el país, que merecía otro tratamiento, otra discusión, otra transparencia y, sobre todo, otras condiciones a exigirle al empresario extranjero para venir a hacer su legítimo negocio a este país.

¿Cómo se explica que el mismo gobierno (ayudado por la nefasta mayoría parlamentaria conseguida en las urnas) resulta generoso hasta extremos asombrosos con una multinacional y, al mismo tiempo, mantenga al empresariado uruguayo -de todos los tamaños- sometido a condiciones y reglas de juego que hacen casi inviable la competitividad de la mayoría de las empresas?

El tiempo juzgará estas acciones, pero lamentablemente tendremos que pagar un elevado precio por todos estos errores.

Eso es inevitable; así lo marca la historia de los pueblos, incluido el nuestro.