El gobierno entrante anunció que eliminará las secretarías que dependen de Presidencia de la República, referidas a cambio climático, deportes, derechos humanos y antilavado.

El gobierno entrante anunció que eliminará las secretarías que dependen de Presidencia de la República, referidas a cambio climático, deportes, derechos humanos y antilavado.

Es correcta la decisión porque recupera el espíritu consagrado en la Constitución de limitar las atribuciones y poderes de la figura presidencial. Ningunas de las competencias de esas secretarías están en la carta magna como potestades de la figura presidencial por una sabia razón: para no concentrar poder en el primer mandatario, y evitar que temas importantes de la vida nacional -con impacto en la vida de la ciudadanía- queden fuera del control parlamentario, donde están presentes y actúan los representantes directos del pueblo. Nuestro régimen semipresidencialista garantiza que el jefe de Estado comparta el Poder Ejecutivo con sus ministros (a quienes él nombra), y al mismo tiempo garantiza que el accionar y desempeño de estos en sus respectivas carteras esté sujeto al control de los 30 senado-res y 99 diputados de la República.

Es una garantía constitucional esencial para asegurar una vida republicana sana y estable. Sobran los ejemplos de los atropellos y excesos que se producen -casi sin excepción- cuando se concreta el aumento de poder en las figuras presidenciales.

Ya nos habíamos manifestado en contra de la existencia de la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático y del Sistema Nacional Ambiental (creados en 2016 en la órbita de la Presidencia) porque, con las excusas de conseguir “mayor agilidad”, “mayor eficacia” para la concreción de proyectos de gran interés para el presidente, se formalizó un poder paralelo al ministerial sin control parlamentario ni respaldo constitucional. Fueron actos motivados por la impaciencia y cierta soberbia, respondiendo a “los antojos” del jefe de Estado de turno. Resulta pertinente rememorar que durante su presidencia Mujica anunció algo que por fortuna no se concretó: trasladar la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a la Presidencia. El motivo era su impaciencia para concretar el proyecto de megaminería en la zona de Valentines.

Creemos que nada es casualidad. Esta manipulación del marco legal se percibe desde hace tiempo. En la presidencia de Mujica lo político estuvo sobre lo jurídico, y en la actual de Vázquez lo económico sobre lo legal (acuerdo firmado con la empresa finlandesa para construir UPM2). Será muy saludable para la democracia uruguaya que el nuevo gobierno comience con el pie derecho en lo referente a asegurar el pleno respeto de la Constitución. Es un mandato insoslayable para construir certezas jurídicas, respeto a los derechos ciudadanos y fortalecimiento de las instituciones.

La Presidencia que está a punto de salir decide muchas asuntos más de los que autoriza la Constitución. El ejemplo más flagrante y sonado es el contrato por UMP2, que desde su reciente aplicación ya le está generando enormes problemas al país. Transparencia y legalidad deberán ser dos pilares que se construyan con total solidez en los próximos cinco años, para sentirnos muy orgullosos de volver a vivir en una república que honra todos los principios del sistema democrático, dentro y fuera de fronteras.