Hernán Sorhuet Gelós
Hernán Sorhuet Gelós

Las áreas protegidas

Si bien la protección y conservación de áreas naturales del territorio nacional es una preocupación de vieja data, fue recién en 2000 cuando se aprobó el marco legal, dando nacimiento el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Ocho años después comenzaron a ingresar los primeros predios, lo que incluía sus planes de manejo, determinadas infraestructuras y el personal a cargo. A esta altura nadie debería cuestionarse la importancia de estas decisiones porque está ampliamente demostrado que forma parte de ese bien común superior denominado: salud ambiental, que condiciona directamente la salud social.

Contar con un SNAP potente significa asegurarnos la conservación de una parte esencial del patrimonio biodiverso nacional. Especies, ecosistemas e incluso genes autóctonos son sus pilares.

Pero también considera paisajes naturales y culturales singulares; objetos, sitios y estructuras históricas y arqueológicas. Su existencia ofrece oportunidades excepcionales de educación ambiental, investigación y recreación al aire libre.

Y si su administración es la adecuada, las áreas protegidas deben contribuir al desarrollo socioeconómico local, a través de la generación de empleo, y del aprovechamiento sostenible de la magnífica diversidad biológica que justifica su existencia.

En este sentido nuestro país tiene una interesante oportunidad. Porque desarrollar de manera adecuada las áreas protegidas se acopla perfectamente a la imagen internacional de “Uruguay Natural” liderada por la producción de excelentes carne a base de pasturas naturales. Aprendamos de la rica experiencia internacional que confirma el enorme potencial económico que tiene el eco turismo. La presencia de un área protegida en una localidad siempre debe ser una excelente noticia.

Sin embargo aquí, cuando se trata de predios privados las dificultades comienzan desde el momento de la propuesta; porque si bien la inclusión de un área al sistema no implica su expropiación, sí le impone restricciones de usos que puedan afectar los valores a proteger (por ejemplo minería, forestación).

No cabe duda de que nos falta mucho camino por recorrer, como quedó demostrado cuando se discutieron los últimos dos artículos del proyecto de ley de urgente consideración, que proponían restituirle al privado su derecho a aceptar o no que su predio sea incluido al SNAP. Como lo dijimos en su momento, creemos que no era una buena decisión; afortunadamente se eliminaron de la ley.

No se trata de imponer nada sino de hallar las condiciones necesarias para que la incorporación de nuevas áreas al sistema sea una excelente noticia para todos.

El flamante Ministerio de Ambiente tiene una gran tarea a realizar en ese sentido. La cual incluye mejorar sensiblemente el funcionamiento del SNAP, concretando apoyos, coordinaciones y acciones mucho más relevantes y contundentes en cada área.

Sin que signifique ninguna clase de colisión de competencias o intromisión, podría resultar sumamente ventajoso para los propietarios privados de las áreas protegidas y para el propio Estado, que el Ministerio de Ambiente, el de Turismo y los gobiernos departamentales coordinaran efectivas políticas de aprovechamiento sostenible de las mismas.

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