Hernán Sorhuet Gelós
Hernán Sorhuet Gelós

Amenaza latente

Un país como Uruguay, que nació con el privilegio de contar con casi todo su territorio muy apto para la producción agropecuaria, debe planificar su desarrollo con mucho cuidado.

Un país como Uruguay, que nació con el privilegio de contar con casi todo su territorio muy apto para la producción agropecuaria, debe planificar su desarrollo con mucho cuidado.

El manejo cuidadoso de sus recursos naturales constituye la piedra angular para hacer sustentable su desenvolvimiento productivo.

Entre esos recursos están los mineros metalíferos que, por las características del subsuelo uruguayo, son de poca significación para los mercados internacionales, por su baja concentración y altos costos de explotación.

En este contexto queda en evidencia que cualquier proyecto de megaminería -por atractivo que se lo presente- no es conveniente para el país. Así lo reconocen varios gobiernos departamentales y amplios sectores de la sociedad civil, opuestos a la posibilidad de habilitar una actividad que es la más depredadora y contaminante del mundo.

En el terreno político el gobierno de José Mujica sorprendió al tomar como propia la bandera del proyecto de Aratirí, abandonando su responsabilidad de evaluar la propuesta con objetividad, y pensando en el bien general de la sociedad actual y de las futuras generaciones. Anunció la firma del contrato sabiendo que aún restaba la opinión técnica de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, de la cual dependía la viabilidad del proyecto para el país. Molesto por las demoras -no atribuibles al organismo- llegó a informar que se trasladaría esa dirección a la órbita de Presidencia, para ejercer un control directo de su accionar. Es que la empresa presionó constantemente al gobierno, debido a que cada mes que pasaba sin que se firmara el contrato, el negocio empeoraba por la caída del valor del metal. Lo que en 2011 era muy rentable dejó de serlo dos años después.

La minería es una actividad legítima y necesaria para el desarrollo de los países. Pero emprendimientos de la magnitud y características de la megaminería metalífera a cielo abierto, resultan claramente inconvenientes para Uruguay, porque implican una destrucción definitiva del suelo productivo, la degradación del ecosistema, la afectación y contaminación de acuíferos y aguas superficiales de la zona, y un impacto negativo en las comunidades locales que deberían abandonar sus tierras, sus actividades de sustento y sus costumbres.

De autorizarse este nuevo uso de la tierra significará destruir recursos naturales renovables a cambio de explotar otros no renovables, que se agotarán en unos quince años, y dejarán para el futuro una zona de cráteres, grandes acumulaciones de estériles contaminantes y depósitos de agua contaminada. ¿Cuál es la tentadora ganancia que justifica este elevado nivel de pérdidas?

El problema que subsiste es que la empresa aún conserva el derecho sobre los títulos mineros de la zona de Valentines. Aunque vencen el próximo 20 de noviembre (gracias a un plazo extraordinario que le otorgó el gobierno modificando la ley) la intención es no perder ese derecho, recurriendo a su venta a terceros, o a la autocompra mediante empresas satélites.

Ante esta vulnerabilidad que exhibimos tiene sentido incluir la prohibición de la megaminería metalífera a cielo abierto en la Constitución de nuestro país.

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