Es un lugar común el reconocimiento de que Uruguay tiene sólidas instituciones políticas, un sistema de partidos estable y un Estado de Derecho que ampara las libertades políticas e individuales.

Este es un activo fundamental del país, que no es la norma en el mundo cuando se mira el tema con cierto detalle. Los resultados de las elecciones internas, que consolidaron liderazgos concordantes con este talante uruguayo, o las muestras de solidaridad y dolor por el fallecimiento de la esposa del presidente Tabaré Vázquez por parte de representantes de todos los partidos y de todas las organizaciones de nuestra sociedad dan cuenta de valores destacables y relevantes.

Por otro lado, sabemos que tenemos serios problemas en nuestras instituciones económicas. Los índices internacionales de competitividad, facilidad para hacer negocios o entorno macroeconómico nos dicen que tenemos serios problemas. Algunos, como la competitividad, agudizados por la coyuntura, pero otros son más estructurales y requieren reformas más importantes.

Podemos detenernos en tres ejemplos: La independencia del Banco Central, el manejo fiscal y la regulación de las empresas públicas. Nuestro Banco Central, y, por lo tanto, la política monetaria, no tiene la independencia que sería deseable del Ministerio de Economía y, por lo tanto, de la política fiscal. No es la única razón por la cual nuestra inflación está en un nivel elevado en la comparación internacional, pero sin dudas sería un avance importante en materia de una mejora institucional relevante.

Un segundo tema es el fiscal. La discrecionalidad con que se maneja el gasto público, el déficit y la deuda ha sido históricamente una fuente de problemas muy importantes para el Uruguay, y lo sigue siendo en el presente. La instauración de una regla fiscal, que limite la posibilidad de aumentar el gasto más allá de las posibilidades de sustentarlo, que limite las posibilidades de desequilibrios y la expansión de la deuda pública es clave en términos de generar un entorno macroeconómico predecible y sano.

Un tercer tema es la forma en que se regulan las empresas del Estado. El desmantelamiento de hecho y derecho de las unidades reguladoras de los servicios públicos en el gobierno anterior abrió una caja de Pandora de consecuencias nefastas para la discrecionalidad de jerarcas de las empresas del Estado. Es vital que estas instituciones recobren relevancia institucional y potestades para el control de la gestión y regulación de sus precios, de forma que se encuadre el funcionamiento de las empresas estatales con criterios técnicos controlados desde fuera de las propias organizaciones.

Estos son algunos ejemplos de múltiples que existen que podrían ilustrar la necesidad de mejorar las instituciones económicas que tiene nuestro país. Instituciones políticas sólidas con instituciones económicas débiles es una combinación insuficiente para alcanzar el desarrollo. A falta de avance en esta materia en los últimos años, es indispensable que forme parte de la agenda reformista del próximo gobierno si queremos que la meta de ser algún día un país del primer mundo no sea solo una utopía.