Recurrente y dura de matar, como zombi en película de terror, la inflación en Uruguay revive una y otra vez para complicarnos la vida y darles dolores de cabeza a los equipos económicos del gobierno. Desde que surgió la inflación como problema en el país a mediados del siglo XX ha sido un problema crónico aunque nunca alcanzó las tasas de miles por ciento de nuestros vecinos y otros países de América Latina. Hoy estamos frente a una situación predecible pero que el gobierno, como en tantos temas, se negaba a reconocer.

Recurrente y dura de matar, como zombi en película de terror, la inflación en Uruguay revive una y otra vez para complicarnos la vida y darles dolores de cabeza a los equipos económicos del gobierno. Desde que surgió la inflación como problema en el país a mediados del siglo XX ha sido un problema crónico aunque nunca alcanzó las tasas de miles por ciento de nuestros vecinos y otros países de América Latina. Hoy estamos frente a una situación predecible pero que el gobierno, como en tantos temas, se negaba a reconocer.

Hay una precisión importante a tener en cuenta porque muchas veces se presta a confusiones; no es lo mismo inflación que Índice de Precios al Consumo (IPC). La inflación es un fenómeno económico que implica la suba generalizada y sostenida de precios, el IPC es la forma más común de medirlo. La diferencia no es menor porque una cosa es atacar la inflación y otra el Índice. Para lo primero se requieren medidas económicas de fondo, para lo segundo son suficientes engañapichangas.

Los datos del IPC son elocuentes. El dato puntual de enero dio cuenta de un aumento del indicador de 2,44% y en febrero de 1,66%. Son datos, inusitadamente altos en la última década, que llevan la variación del IPC anualizado al 9,82%, peligrosamente cercano a alcanzar en marzo los dos dígitos. Si bien hoy no existen las cláusulas gatillo del pasado, pasar la barrera del 10% es importante esencialmente porque ese límite ha sido de hecho la barrera real con la que se ha manejado el Banco Central y transponerla implicaría el fracaso ya no sólo del objetivo declarado (derrotado hace años), sino del real y por tanto deterioraría aún más la credibilidad del gobierno.

Por eso el Ministerio de Economía ha anunciado una serie de medidas: bajar las tarifas de UTE y Antel, eliminar el IVA a las importaciones de frutas y verduras y postergar el aumento de la cuota mutual. Si se aplicaran en marzo —supeditado de los detalles que desconocemos— podrían lograr que el IPC no pase el 10% pero son de efecto puntual en ese mes y que no van al fondo del proceso inflacionario que sufre el país y que es el problema a resolver. También vale aclarar que un posible acuerdo de precios con los supermercados, otra medida a consideración por parte del gobierno, igualmente afectaría el índice de precios pero no la inflación, como ya pasó en 2012.

La razón fundamental por la que hoy el país vive un proceso inflacionario es la incoherencia intrínseca de la política macroeconómica, y cualquier solución que lo ignore no va a ser eficaz. Aunque Astori lo niegue, como hizo en estos días, hay un problema fiscal importante, existe atraso cambiario y problemas evidentes con la política de ingresos.

La única buena noticia es que el gobierno con las medidas anunciadas reconoce lo que hasta hace poco negaba: que con la política monetaria sola no alcanza para contener la inflación. Erra sin embargo con el diagnóstico y las medidas. El desenfrenado aumento del gasto público que engordó el Estado sin mejorar ningún servicio con evidentes fines electorales, el aumento del déficit fiscal y la deuda pública, una política de ingresos desvinculada de la productividad y por ende de la realidad, y una evolución cambiaria desnorteada merecerían un sinceramiento imposible de esperar en un año electoral. Esa es la verdad, aunque cueste admitirlo.