El miércoles se consumó la disolución de la Asamblea General (parlamento) de Venezuela, al asumir sus funciones el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mero secuaz del Poder Ejecutivo chavista.

El miércoles se consumó la disolución de la Asamblea General (parlamento) de Venezuela, al asumir sus funciones el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mero secuaz del Poder Ejecutivo chavista.

Como suele ocurrir con todos los golpes de Estado, y con ironía cómica si la situación no fuera trágica, los golpistas esgrimen que se consumó “para velar por el Estado de Derecho” (sic), como ha sido la triste tradición de nuestro continente. Por si fuera poco, el mismo TSJ le dio el día martes “poderes especiales” a Nicolás Maduro para perseguir a los congresistas opositores, “para defender la institucionalidad y la paz”, sentencia el fallo.

Ya hace mucho tiempo que el régimen que mata de hambre y de enfermedades curables a los venezolanos como consecuencia inevitable de las políticas de la más rancia ortodoxia socialista, es una dictadura pura y dura para cualquier observador con un mínimo de apego democrático. Luego de los hechos de esta semana solamente corresponde la indignidad más absoluta y la complicidad atroz con un régimen criminal a quienes no condenen con todas las letras al régimen que oprime a Venezuela. No es una cuestión ideológica, ni admite el menor matiz por tratarse de un gobierno de izquierda o de derecha. La historia enseña que un dictador es siempre un dictador, y resulta extraordinariamente peligroso cómo han perdido reflejos democráticos unos cuantos partidos políticos de América Latina y el oficialismo de nuestro país. La ausencia de una condena categórica a una dictadura enquistada en un país miembro del Mercosur enchastra la tradicional defensa de las instituciones democráticas que Uruguay supo sostener con gobiernos de todos los partidos. No hay punto medio ni equilibrista dialéctico que pueda negar esta realidad que rompe los ojos. Si los presos políticos, el cierre de medios de comunicación, los muertos en protestas democráticas, el amedrentamiento permanente a los opositores y una larga lista de infamias no fueron suficientes, los acontecimientos de esta semana interpelan sin ambages a los ciegos que se han negado a ver la verdadera situación de Venezuela. Varias “organizaciones sociales y sindicales” nunca van a condenar la dictadura venezolana, lo que lamentablemente no sorprende, dado su largo historial de apoyo a otras dictaduras criminales mientras fueran del signo ideológico que les simpatiza. Allá ellos y sus consciencias. Pero al partido político que actualmente gobierna al Uruguay, en cuyo seno hay sectores y políticos inequívocamente democráticos, hay que exigirle el mínimo de dignidad que implica condenar las violaciones más flagrantes de los derechos humanos que hoy están destruyendo a un país hermano.

Uruguay debe apoyar la aplicación de la cláusula democrática de la Organización de Estados Americanos que promueve su secretario general, y debe promover la aplicación del mismo mecanismo dentro del Mercosur. Cualquier otra posición componedora nos coloca del lado equivocado de la historia como meros cómplices de la barbarie desatada. La defensa de la democracia y de la libertad no admite atenuantes en casos tan evidentes. Esta es quizá la última oportunidad que tiene el Uruguay para estar del lado correcto de la historia; el gobierno tiene la palabra.