Hernán Bonilla
Hernán Bonilla

Fitch, las tarifas y el déficit

El debate sobre la transición de gobierno, más allá de gestos, está centrado en el frente fiscal. 

El anuncio del gobierno saliente respecto a que no piensa ajustar las tarifas en enero, como se había vuelto costumbre, junto al informe de la consultora Fitch, ambientaron un intercambio que conviene poner en su contexto y perspectiva.

Es notorio que la situación fiscal del país ha venido deteriorándose paulatinamente en los últimos años, y especialmente en este período de gobierno. Pese a las medidas de ajuste fiscal por el lado de los ingresos, específicamente incremento en las tasas del IRPF y del IASS y modificación en la forma de liquidación del IRAE, el gasto público continuó aumentando aún más y el déficit continuó creciendo.

En la campaña electoral todos los candidatos coincidieron en la necesidad de reducir el déficit fiscal, aunque diferían en los mecanismos. El gobierno electo ha manifestado su opción por una reducción basada en dos componentes: disminución del gasto y políticas pro crecimiento que redunden en un incremento de los ingresos por aumento del nivel de actividad. Esta es la estrategia acertada, dada la presión fiscal del país y la necesidad de combinar una mejora del resultado fiscal junto políticas para impulsar el crecimiento.

A su vez, la opinión de Fitch respecto a la necesidad de un ajuste de 2,5% del producto pone el foco en la necesidad de proceder a un ajuste de magnitud y en el menor tiempo posible, lo que mete más presión sobre la situación, teniendo en cuenta que ya nos encontramos para esta calificadora de riesgo, en el escalón más bajo del grado inversor y con perspectiva negativa.

El debate de las tarifas se mezcla, inevitablemente, con el de la situación fiscal. Es innegable que resulta irresponsable la actitud del gobierno de no ajustar tarifas a dos meses de que asuma el próximo gobierno y argumentar que en todo caso, se ocupen ellos en marzo. Un caso extremo de inconsistencia temporal impulsada por cálculo electoral y no el bienestar del país.

A su vez, es cierto que el debate de fondo sobre las tarifas públicas debería desvincularse del tema fiscal. La debilidad del marco institucional para el funcionamiento de las empresas públicas, las malas selecciones de sus directorios que han sido parte del paisaje, la inexistencia real de las unidades reguladoras, el sometimiento a la política fiscal y la desvinculación entre precios y costos, son parte del problema.

Pensando en el largo plazo es necesario reformar el marco en el que funcionan las empresas públicas y separarlas de la política fiscal. Que en el corto plazo, con el mayor déficit fiscal en tres décadas un gobierno que hizo caja con ellas y pasa la posta a su sucesor con serios problemas estructurales, no debería incurrir en esta actitud irresponsable. Lo primero es escapar de la perspectiva de perder el grado inversor y un entorno macroeconómico estable y predecible, algo de lo que estamos al borde. Lo segundo es la reforma para que las tarifas reflejen la realidad de cada empresa manejada en forma profesional y eficiente. Lo primero es urgente, lo segundo es importante y en este caso hay que atender antes lo urgente. De ello dependerán las posibilidades de crecimiento a lo largo de los próximos años.

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