La decoración navideña que comienza a invadir los centros comerciales y las despedidas de año adelantan la sensación de que el 2017 emprende la retirada.

El cambio de calendario ha sido ocasión propicia en los últimos años para que se lleven a cabo distintas medidas de ajuste fiscal, como las modificaciones en el IRAE, los aumentos del IRPF y el IASS y los incrementos en las tarifas públicas.

El gobierno tiene razón al estar preocupado por el déficit fiscal que, de acuerdo con el último dato conocido, es de 3,6% del PIB y seguramente cerrará el año en una cifra similar. Lo cierto es que se ha llevado adelante un "ajuste fiscal dinámico", vale decir, un ajuste que comenzó con el propio presupuesto nacional en 2015 que no ha logrado reducir el déficit. La razón es simplemente aritmética, el gasto público también ha seguido aumentando y por eso el déficit no ha cedido.

Hace unos días se hizo pública la discusión entre el Ministerio de Economía y UTE respecto a las nuevas tarifas que estarán vigentes desde enero. Más allá de las cifras que se han discutido, las posibilidades claramente son bajarlas, visión que parece ser la de la empresa pública, o subirlas para seguir priorizando el resultado fiscal, óptica que primaría en Economía.

Aquí aparece una aparen-te contradicción. La competitividad se ha visto resentida en los últimos años en Uruguay dada una combinación de factores que incluye el atraso cambiario, los altos costos de las tarifas públicas, y en especial de los combustibles y la energía eléctrica, la elevada presión fiscal y una inserción internacional de mala calidad, entre otros. La pérdida de puestos de trabajo y el aumento del número de empresas en concurso evidencian esta realidad.

Entonces ¿cómo compatibilizar el objetivo de reducir o al menos no incrementar el déficit fiscal y no empeorar la ya deteriorada competitividad de nuestra economía? Es bastante obvio, aunque no ha formado parte del menú de opciones que se ha manejado hasta el momento; se puede reducir, o al menos no seguir aumentando, el gasto público.

Si se atendiera la situación fiscal por el lado del gasto se podría contemplar al mismo tiempo la mejora de la competitividad con menores tarifas en energía eléctrica y combustibles, verbigracia. Ello redundaría en un mayor crecimiento económico, creación de puestos de trabajo y, finalmente, mayor recaudación para el Estado.

El amable lector puede estar pensando que es muy difícil bajar el gasto público en nuestro país, y es cierto, pero no es imposible y al menos podría ser de sentido común procurar no aumentarlo en los próximos 2 años. El ciclo electoral juega en contra de esta propuesta, también es cierto, pero es la única posibilidad que puede encaminar el problema en el frente fiscal y atender el drama de la competitividad que hoy aqueja a las empresas uruguayas.

Sea por el lado del gasto o por el lado de los ingresos, el ajuste fiscal continuará su curso, como seguramente comprobemos en enero, pero va siendo tiempo de comprender que el costo no puede caer siempre en el sector privado, que ya viene haciendo cuantiosos esfuerzos y es necesario que el Estado haga también su parte. Aunque más no sea una tímida dieta para dejar de engordar y dejar respirar un poco a los trabajadores y a los empresarios de nuestro país.