Esta semana el nuevo dato de déficit fiscal, así como las proyecciones que se realizan para los próximos meses, han vuelto un tema de debate candente cuál debe ser el rumbo que tome en la materia el próximo gobierno.

Entre las posibilidades que depare el crecimiento económico y la opción entre subir impuestos o bajar el gasto se juega parte central del debate económico sobre el que deberíamos ocuparnos en los próximos meses.

El dato del déficit fiscal cerrado a julio de 4,9% del PIB demuestra el rumbo ascendente que sigue esta variable fundamental del panorama macroeconómico. Casi 5 puntos de déficit fiscal, y probablemente más de 5 puntos hacia el cierre del año, llega al límite de lo tolerable y si el país mantiene el grado inversor se debe al crédito que se está dando a que el próximo gobierno corrija este desequilibrio con celeridad.

El problema de fondo es que un déficit de esta magnitud depara un crecimiento de la deuda explosivo que se vuelve impagable en pocos años. Estamos hablando de que vamos a cerrar 2019 con una relación deuda producto en el entorno del 70% del PIB y creciendo rápidamente. Si bien lo que correspondería es pedirle al gobierno actual medidas para contener esta situación, es notorio que no está dispuesto a tomarlas. Aunque estamos en cifras que ya resultan altamente irresponsables, lo cierto es que pese a la retórica del Ministerio de Economía sobre su preocupación sobre el tema del déficit no ha parado de crecer en los últimos años y especialmente en lo que va del corriente año.

El problema, como nos enseña lastimosamente Argentina, es que desequilibrios crecientes exponen al país a cambios en la coyuntura en que el crédito puede cortarse de un momento al otro, evidenciado, verbigracia, en el aumento del riesgo país o la pérdida del grado inversor. No debemos esperar a que explote la bomba, debemos desactivarla entes, y como no sabemos cuánto le queda a la mecha, es que debemos actuar con contundencia y cuanto antes.

Ahora bien, ¿cómo puede corregirse esta situación? Es indudable que hay aspectos que deben corregirse en un horizonte temporal más largo, como la disminución del número de empleados públicos, una mejora en la eficiencia del gasto y la reforma del sistema de seguridad social, verbigracia. La ley de presupuesto del año próximo será clave para conocer cuál será el camino que propone la nueva administración para que podamos desandar el camino de irresponsabilidad fiscal del actual.

El próximo gobierno también deberá actuar antes de que comience a ejecutarse su presupuesto en 2021 y allí hay un tema básico en el que todos concuerdan; deben tomarse medidas para impulsar el crecimiento económico que es vital para mejorar la situación fiscal y para mejorar las condiciones de empleo y de vida de los uruguayos.

Las discrepancias surgen a la hora de establecer por qué lado de la ecuación debe mejorarse el resultado fiscal; ¿subir impuestos o bajar el gasto? Es una de dos, o las dos, pero no se puede no hacer nada. La alta presión fiscal que sufre el país deja poco margen para que nuevos incrementos tributarios no tengan un fuerte impacto recesivo. La alternativa entonces, aunque no será sencilla, es gastar menos desde el 1° de marzo, para no trasladarle nuevamente al contribuyente un problema creado por el Estado.