El último dato del déficit fiscal a marzo de 4,8% del producto revela un deterioro fiscal mayor y más veloz del previsto por la mayoría de los analistas y, notoriamente, a contrapelo del anunciado por el gobierno.

Bordeando los 3.000 millones de dólares el déficit ya no es una preocupación exagerada de economistas ortodoxos, es un problema práctico grave para el país, en un contexto político que lleva a pensar que nada relevante pasará este año.

El problema para lograr cumplir los anuncios fiscales ciertamente es un problema de larga data en el país, lo que se verifica también en los últimos tres períodos de gobierno. La primera administración Vázquez había proyectado culminar con un déficit de 0,4% y terminó siendo de 1,7%. En el gobierno de Mujica se procuró alcanzar a su término un déficit de 0,8% y trepó a 3,5%. Esta administración se trazó como meta alcanzar este año un déficit de 2,5%, al que ya renunció, y se encamina a que supere el 5% si no toma medidas correctivas.

La diferencia entre la situación en el último año de este gobierno respecto de los anteriores es que el nivel de déficit ya pasó la raya de lo tolerable, en especial porque implica un ritmo de incremento de la deuda pública que, sencillamente no será sostenible. Ya estamos en 65% del producto y, de seguir como vamos subirá varios puntos este mismo año.

Existe, además, otro agravante: estamos en una fase del ciclo económico mucho más negativa que las de los dos gobiernos anteriores. Mientras que la economía uruguaya entre 2004 y 2014 creció al 5,4% promedio anual, en el actual período de gobierno 2015-2019 tendrá un promedio anual en el entorno del 1,4%. Vale decir, pasamos de una fase de crecimiento a tasas superiores a nuestro promedio histórico y nuestro crecimiento potencial de largo plazo, a una tasa claramente menor.

Esto nos pone frente a un desafío innecesario si se hubieran hecho las cosas bien, pero que hoy resulta ineludible; es necesario bajar el déficit fiscal con medidas de corto plazo que pueden ser recesivas en un momento de enfriamiento de la economía. Evidentemente no es lo deseable y subraya los errores de los años anteriores cuando el gasto público creció más que la economía y los ingresos del Estado, así como la necesidad de que algún día Uruguay incorpore una regla fiscal que impida la utilización político-electoral de las finanzas públicas en perjuicio de los intereses del país.

La coyuntura también tiene otro agravante un tanto exasperante: la idea de que como estamos en año electoral el gobierno no hará nada, y así todos damos por bueno que solo queda cruzar los dedos y rezar para no perder el grado inversor este año. Visto el deterioro fiscal que se ha producido en lo que va del año el gobierno sencillamente no puede quedar de brazos cruzados y tiene que tomar medidas de contención de gasto para impedir que el país continúe en este camino altamente irresponsable.

A los uruguayos muchas veces nos cuesta darle valor al tiempo. Dejamos para mañana lo que tenemos que hacer hoy y actuamos como si las circunstancias no cambiaran y siempre se mantuvieran las opciones del presente. Esto no es así y dejar para el próximo gobierno corregir los yerros del actual puede terminar siendo muy costoso para el Uruguay.