Los sucesos de la madrugada del domingo primero no son nuevos ni casuales.

La zona comprendida entre el Montevideo Shopping y Kibón ha sido candidata frecuente a diversos desmanes, con roturas de autos, daños a edificios y robos a los transeúntes. Un suceso similar había ocurrido en la madrugada del día de las elecciones y en ocasiones anteriores. Fiestas electrónicas o simples reuniones promovidas por las redes entre integrantes de barrios alejados parecen haber sido los disparadores de convocatorias que cualquier hecho menor, como una simple inspección de tránsito, convirtieron en asonadas. La más reciente y mas grave de ellas, con participación, según la policía, de menores y jóvenes provenientes de zonas como Villa Española, Nuevo París, Cerro, Verdisol, La Teja, Casabó y Punta Rieles.

El presidente electo, legítimamente inquieto, manifestó su preocupación ante el fenómeno y así se lo comunicó a Tabaré Vázquez, quien, le habría quitado dimensión política considerándolo un mero asunto policial. Por su lado, para alguna de las fiscalías intervinientes en las posteriores indagatorias de detenidos se trataría de peleas menores entre bandas sin mayor trascendencia social. Pese a lo cual, alguna fuente del caso opinó que se trataría de un suceso donde habrían intervenido como causales el “resentimiento social y el desprecio hacia clases sociales más acomodadas”. Tampoco se descartó la intervención de extranjeros, enviados desde el exterior a promover las actuales protestas sociales en el continente.

El tema es grave, aun cuando no sea nuevo. Hace decenios que el delito viene aumentando en Latinoamérica y en el Uruguay que a pesar de que en otros aspectos se diferencia del resto del continente, acompaña la tendencia a su crecimiento y, si nos atenemos al sur del hemisferio, en ciertos casos, como es el caso de rapiñas y homicidios, la lidera. Es cierto que la violencia social, el fenómeno que se manifiesta en el enfrentamiento entre sectores sociales de diferente nivel económico cultural, no es igual al delito común, por más que se trate de dos factores fuertemente relacionados. Lo que realmente en nuestro país sorprende, es que el crecimiento de la tasa delictual no se corresponde con la pobreza, que en líneas generales ha descendido, al tiempo que la distribución del producto ha mejorado levemente. Tampoco, por lo menos de manera lineal, con la marginación territorial, visto que los asentamientos han mantenido un crecimiento menos notorio que el delito.

Estos reconocimientos, aún cuando deban profundizarse (e incluir la drogadicción), llevan a una conclusión primaria, el factor que parece haber transformado negativamente al Uruguay es el nivel cultural. Es un hecho que desde hace varios años atravesamos una erosión progresivo de los valores sociales más primarios, aquellos relacionados con los aspectos básicos de la cohesión social. Un conjunto estimativo que si es bueno que cambie y evolucione, no lo es que lo haga en dirección al delito. No es casual en este sentido que también la educación haya dado muestras de desfallecimiento en los últimos tiempos. Revertir esta situación no es tarea fácil, pero es tarea ineludible. También lo es evitar que algunas modas, trasmitidas por las redes, alteren la convivencia nacional.