Hebert Gatto
Hebert Gatto

Uruguay, Brasil y la no intervención

En breve lapso Brasil se ha transformado en un caos: grandes constructoras privadas imputadas de fraude y corrupción mientras sus dueños, integrantes de la otrora pujante burguesía nacional, son condenados a largas penas de prisión; los partidos son investigados y sus principales representantes igualmente condenados; su presidenta está sujeta a examen por falsificación y es pasible de un juicio de destitución.

En breve lapso Brasil se ha transformado en un caos: grandes constructoras privadas imputadas de fraude y corrupción mientras sus dueños, integrantes de la otrora pujante burguesía nacional, son condenados a largas penas de prisión; los partidos son investigados y sus principales representantes igualmente condenados; su presidenta está sujeta a examen por falsificación y es pasible de un juicio de destitución.

Petrobrás, el buque insignia del Estado, símbolo del neodesarrollismo norteño, es agente de innumerables actos de corrupción por miles de millones de dólares repartidos como caramelos. Distribución de coimas en el Parlamento para conseguir apoyos para el gobierno. Lula, el principal político latinoamericano, ejemplo mundial de líder exitoso y adalid de la nueva izquierda, acusado de dádivas y coimas. El Partido de los Trabajadores, una formación avasallante que proclamaba una nueva forma de hacer política, sumergido en gigantesca corruptela. Cartelización mafiosa de otros partidos de distintas orientaciones para distribuirse el producto de esa corrupción.

Y como corolario una situación económica y social que arrastra al país a la peor crisis socioeconómica del siglo. Lo que se refleja en índices de rechazos al oficialismo cercanos al 70% de la población.

Tal como si todas las esperanzas se hubieren terminado y el país, cuyo PBI anuncia la mayor baja de su historia, se internara en un túnel sin salida, carcomido por el temor y la desesperanza. De la gloria al caos. Un panorama desolador, del que quizás, y lo decimos con dudas e incertidumbres, su Poder Judicial que parece conservar la dignidad y la independencia, procura, o así parece, rescatar lo que se pueda o lo que queda de un país quebrado, sumergido en la ignominia. Pese al riesgo, que también existe, de politización de la Justicia.

En medio de ese incierto panorama, ¿qué hace el gobierno uruguayo? Pues hace circular una declaración tentativa de la Unasur apostando por la actual presidente Dilma Rousseff y sugiriendo que en Brasil se movilizan fuerzas dispuestas a enterrar la democracia norteña. Todas confabuladas contra el progresismo latinoamericano.

¿Cómo sabe Uruguay que el Brasil, su Parlamento y su Poder Judicial integran una conspiración de derechas? ¿Acaso cuando fueron condenados grandes empresarios la izquierda elevó sus protestas? ¿Por qué razón, si la presidenta Rousseff o Lula hubieran cometido delitos constitucionalmente previstos en ese país, no pueden ser destituidos o procesados? ¿Qué derecho tiene Uruguay a inmiscuirse en un conflicto de poderes ajeno, y de paso enfrentar su sentir popular? ¿Este pronunciamiento no implica una clarísima violación del principio de no intervención? ¿Entiende Uruguay que defender al Ejecutivo de un país, supone de suyo, defender la democracia en el mismo? ¿Con qué pruebas, con qué evidencias, pretendemos mezclarnos en un problema tan complejo y ajeno? Sensatez, por favor, no repitamos lo hecho con Paraguay. Con un desliz alcanza. (1)

(1) Ya escrita esta nota, ella me recordó el reciente comunicado del Plenario del FA acusando a sus opositores y a los medios de comunicación de atentar contra la democracia. Obviamente, me responsabilizo por lo dicho y lo mantengo en todos sus términos, aún cuando, según el oficialismo, colabore con semejante designio. Más bien me pregunto: quién atenta ¿ellos o sus críticos?

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