Si bien es cierto que el Uruguay se apresta al cambio de gobierno manteniendo su proverbial tranquilidad política, ello no obsta a un clima sindical de aspereza, sin duda no el mejor para una adecuada convivencia.

Si bien es cierto que el Uruguay se apresta al cambio de gobierno manteniendo su proverbial tranquilidad política, ello no obsta a un clima sindical de aspereza, sin duda no el mejor para una adecuada convivencia.

El conflicto de los judiciales es grave en tanto pugna de poderes del Estado, y en esa medida excede lo estrictamente gremial planteando una verdadera querella institucional. Esto hace necesario que el gobierno saliente, en muestra de cordura, acepte de una buena vez la vigencia de las leyes que el mismo promulgó. Tampoco es menor el problema de los trabajadores del taxi, no tanto por su alcance, sin duda más acotado, sino por lo enconado del choque y de los sucesos que lo enmarcan. Especialmente la agresión que sufrió un funcionario contrario a las medidas sindicales, las amenazas posteriores, el procesamiento del autor de las mismas y, fundamentalmente, las declaraciones subsecuentes de los gremialistas involucrados, incluyendo la del PIT-CNT, todas reveladoras de una subcultura con características particulares.

Como premisa de cualquier comentario debe consignarse que la democracia moderna no es concebible sin el desarrollo del sindicalismo, tanto en el capitalismo, imprescindible para contrarrestar el dominio económico de los propietarios, como en los socialismos (mientras existieron), para oponerse al poder político.

Sin organizaciones de trabajadores no es posible pensar en una sociedad civil sana, capaz de hacer valer sus reivindicaciones y derechos. La vigencia del comunismo durante setenta años encuentra explicaciones parciales en la falta de sindicatos. Sin omitir que en Polonia, fue uno de ellos, surgido en la lucha, el que propició la caída de este régimen y el derrumbe posterior del modelo. La historia de nuestro país, desde las primeras huelgas obreras, está plagada de acontecimientos que avalan esta constatación.

Pero de este hecho no se infiere que los gremios gocen de una potestad ilimitada, del que no dispone ningún poder ni institución en una sociedad democrática. El sindicato del taxi, cualesquiera sean sus reivindicaciones, no debe, como hizo, presionar al Poder Judicial pretendiendo para sus afiliados una indemnidad penal de la que nadie goza en la República. Mucho menos, aunque disienta con un fallo, hacerlo en un tono prepotente y patoteril como el que usó en este caso, atribuyendo a la Justicia una conducta a la que calificó de “mandadera y reaccionaria”. Semejantes manifestaciones, aún si no constituyen delitos, implican ataques directos contra la majestad de los jueces y desconocimiento de los fines que en una democracia deben inspirar al sindicalismo. Algo que el PIT-CNT no debería desconocer, optando por moverse en el plano de las medias tintas y ambigüedades.

Cierto que en esta necesaria rectificación no ayudan algunas actitudes de los poderes públicos. Entre ellas la del propio gobierno entrante que nombra para dirigir las relaciones laborales, como Director Nacional de Trabajo, a Juan Castillo, un hombre que en lugar de representar la necesaria neutralidad del Estado entre el empresariado y los trabajadores, no solamente proviene del cogollo mismo de la central sindical, sino que es un firme creyente en la lucha de clases y en el triunfo revolucionario del proletariado. Algo más distante de la equidad resulta inimaginable.