La eventual candidatura de Fernando Pereira a la presidencia del Frente Amplio genera adhesiones a su interior e incomodidades en el Pit-Cnt. No es mi intención, terciar entre ambos.

Sí me importa insistir en una polémica que este conflicto plantea. ¿Cuál debería ser el rol del movimiento sindical y cuál su relación con los partidos políticos, en una democracia liberal como la nuestra? Un viejo problema aún sin respuesta, probablemente porque carece de resolución definitiva.

En primer lugar resulta obvio, que la prohibición del movimiento sindical, realizada originalmente en Alemania y en países de América durante las dictaduras, carece del mínimo fundamento democrático. Sobrado derecho tienen los obreros a la defensa integral de sus derechos y a ser amparados como la parte más débil de la relación laboral. Pero obviamente que ello no resuelve cuáles son los límites de su actividad como gremios. La izquierda tradicional mantuvo, durante tres siglos, dos soluciones antagónicas.

La primera que practicaron los anarco sindicalistas, desde mediados del siglo diecinueve hasta los inicios del siglo pasado, consistía en rechazar la política partidaria como un camino cerrado. Opinaban que solo mediante un desempeño sindical consecuente por parte de los gremios anarquistas, culminado con la “Huelga General Revolucionaria”, resultaba posible acabar con el estado burgués.

Por su lado y no sin vacilaciones, los comunistas, siguiendo las huellas de Lenin, subordinaron los sindicatos a la política partidaria, sosteniendo que la conciencia de clase del proletariado, imprescindible para el derrocamiento del estado, exigía la guía de un partido de instruidos “revolucionarios profesionales”, que desde afuera, la introyectaban a la gran masa de la clase trabajadora. Como consecuencia los sindicatos constituían una mera “correa de transmisión” de su mentor, el partido de los comunistas, este sí, protagonista imprescindible del cambio revolucionario.

Esta concepción, hoy debilitada, se refleja en el Estatuto del Pit-Cnt, la central clasista, enfilada a, según sus Estatutos a luchar por una sociedad “sin explotados ni explotadores”. Es decir socialista.

En el Uruguay, los gremios y su dirección, se definen como asociaciones para la defensa de los intereses generales de los trabajadores, lo que en atención a la naturaleza sectorial de éstos, excluye considerarlos institucionalmente como agrupaciones políticas.

Ello no les impide que en sus programas y medidas, especialmente en sus paros políticos, se mantengan aferrados a su vieja ideología clasista-revolucionaria y postulen como su objetivo principal arribar a una sociedad socialista a la vieja usanza. Finalidad claramente política, diferente a la de la coalición gobernante y no totalmente asimilable a la del Frente Amplio, que contribuye a reclamos de autonomía en esta clase de entidades.

Un problema que se agrava ante la proliferación de una pléyade de nuevas asociaciones de intereses de diversa naturaleza, afiliadas a la izquierda y claramente dirigidas al mismo objetivo. Por más que su socialismo (en cualquiera de sus formas conocidas), resulte actualmente impracticable. Una constatación que la nostalgia sindical no admite pero el Frente comienza a vislumbrar.