Hebert Gatto
Hebert Gatto

¿A quién representan los legisladores?

Una comisión del Senado de la República estudia el viejo fenómeno de la retención de su banca por parte de senadores y diputados que electos por partidos renuncian a los mismos en el transcurso de su gestión.

Un problema universal recurrente en la historia parlamentaria del país con conocidos ejemplos recientes. A través de un acuerdo de algunos miembros de la comisión, con la exclusiva oposición del Partido Independiente, se ensayó la vía legal para encarar el tema, pergeñando un proyecto que impide al renunciante mantener su cargo. Resumiré la esencia de la intervención que en nombre del P.I. realicé ante dicha comisión.

El camino elegido, imponiendo por vía legal radicales modificaciones a la representación legislativa no puede prosperar en Uruguay. Según los artículos 82 y 4 de la Constitución, (que definen la estructura básica de nuestra institucionalidad), la Nación, sede de la soberanía, se gobierna mediante una democracia republicana. Su soberania es ejercida por el Cuerpo Electoral en caso de elección, iniciativa y referéndum e indirectamente por los poderes representativos. La Carta recoge de ese modo la tradición democrático liberal que inspiró las revoluciones atlánticas, (Inglaterra y los Estados Unidos) retomada y profundizada por la revolución francesa de 1789, doctrina que constituye el fundamento básico de nuestra institucionalidad. Para ella, tanto la democracia directa a lo Rousseau, como el mandato imperativo y la revocabilidad del legislador, a lo Lenin, resultan radicalmente inaceptables. Las razones de ello refieren a las fuentes y a la naturaleza del derecho constitucional uruguayo, refractario a cualquier limitación a la soberanía ciudadana.

La nación adquiere forma jurídica través del Estado, que, como se sabe, se manifiesta en la mayoría de las democracias modernas en tres poderes independientes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El primero como poder de naturaleza asamblearia genera sus resoluciones mediante los pronunciamientos de sus representantes (diputados y senadores) que en el marco de la Constitución, conforman su voluntad. Razón por la cual tales pronunciamientos constituyen actos libres y soberanos, no sujetos a condicionamientos previos de partidos u organizaciones. De allí las inmunidades y fueros de los legisladores.

Institucionalizar por ley la revocación de los cargos de legisladores por su eventual desconocimiento de estatutos, normas o decisiones de los partidos, implicaría convertirlos en sus representantes, subvirtiendo de plano el orden constitucional de la nación. De hecho supondría implantar la denominada "democracia de partidos", en la que el Parlamento oficia como una reunión de delegados partidarios sujetos a sus instrucciones. Ello no sólo obstaría al proceso deliberativo que define los Parlamentos sino que terminaría por sustituir su voluntad por la de organizaciones particulares, cualesquiera sean sus funciones y la importancia que ellas revistan. Seguramente no es ése el objetivo del Senado, inspirado en el deseo de mejorar el funcionamiento de los partidos, pero ello es el resultado de pretender modificar la realidad social mediante normas que alteran las fuentes últimas de la representación. No sólo inconstitucionales sino altamente inconvenientes.

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