Cuando esto se publique ya se sabrá si el intento de habilitación del referéndum contra la Ley de Urgente Consideración obtuvo éxito. Por eso, su propósito se limita a analizar la calidad de los argumentos de sus promotores para promoverlo.

Estos se dividen en dos grupos: por un lado, las razones directas, las referidas a los males que, según dicen, causaría mantener vigente la ley: grave ataque a las libertades constitucionales, a los derechos sociales, a los sindicatos, a la enseñanza, a la economía, a las instituciones y en general, al futuro democrático del Uruguay. No anularla, sostienen, equivale a detenerse cuando no a retroceder como nación. Causarle un mal irreparable. No obstante, en tanto al unísono se alega que el contenido de la LUC es ignorado por los ciudadanos, se admite que su presunta inconveniencia depende de la confianza que inspiren quienes, conociéndola, promueven su derogación. Por consiguiente, agregan, el referéndum resulta necesario para que quienes participen en él, se ilustren sobre su objeto.

Sobre las ventajas o defectos de la ley, verdadero centro del debate, no corresponde aquí pronunciarnos nuevamente (salvo que lo denunciado no coincida objetivamente con sus prescripciones.) En cuanto al hecho que el referéndum implique hacer conocer su temática, resulta un argumento muy poco convincente. Si la ley por sus propias dificultades no llegó hasta ahora al conocimiento público, nada indica que lo hará por el hecho de someterla al referéndum. Como bien es sabido, no deben llevarse a referéndum asuntos demasiado complejos que merezcan más que su mera aceptación o rechazo.

El segundo argumento se relaciona con el referéndum en sí mismo. Permanentemente se insiste -es prácticamente el “leitmotiv” del llamado a firmar-, en sus bondades intrínsecas. Su utilización habilitará a que sean los propios ciudadanos y no sus representantes, quienes decidan la conveniencia de la norma objetada. En el fondo, aunque no se lo expresa, se insinúa que la LUC, sancionada por el Parlamento Nacional, no está suficientemente legitimada. Le falta voluntad popular, solo expresa la del gobierno.

Opera en el caso un viejo reflejo de características Roussonianas, que acumula trescientos años de anacronismo al colocar la democracia directa por encima de la representativa sin advertir que las modernas comunidades políticas no admiten, salvo en determinadas manifestaciones locales o en temas limitados de naturaleza dicotómica, la vuelta al gobierno asambleario. Ello sin considerar que el modelo representativo, que privilegia el rol de los partidos, implica por sí mismo, junto a las Constituciones y a los mecanismos de amortiguación de las instituciones, el único sistema capaz de enfrentar equilibradamente las dificultades y complejidades del siglo en que vivimos. Algo que el Frente Amplio ya asumió, desdeñando el pronunciamiento ciudadano cuando éste por dos veces se pronunció contra la anulación de la llamada Ley de Caducidad. Valiéndose de su mayoría parlamentaria igual la derogó, ignorando la voluntad ciudadana que ahora con tanto énfasis reclama. Adujo que lo justo no dependía de mayorías circunstanciales. ¿Y ahora?