Hebert Gatto
Hebert Gatto

Presidencia y tribunales de honor

Los sucesos iniciados el 12 de Febrero, con la caída del Gral. Manini Rios, parecerían superarse con la designación de un nuevo ministro.

Pese a que en este complejo tema de las relaciones entre civiles y militares, donde los desatinos de unos y de otros se acumulan geométricamente desde hace años, nada resulta seguro. En lo inmediato, siete generales más la cúpula del ministerio correspondiente, fueron el costo de una operación que no debió producirse. Y que si acaeció, fue por la impericia de un Poder Ejecutivo incapaz de manejarla. Y digo esto, sin pretender afectar en lo más mínimo la subordinación que los cuerpos armados deben, en toda circunstancia, al poder civil.

¿Los Tribunales de Honor, causantes del actual mamarracho, deben persistir? Creo que solo cabe una respuesta. Debido a su arcaísmo o quizás por él, lucen como una institución medioeval, un instrumento social que sus adeptos creen que otorga a sus miembros un honor particular. Una esencia mítica ajena a los civiles. De allí, argumentan, la necesidad de preservarlos. Pero de allí también, para quienes creemos en una justicia única y común la ineludible urgencia de derogarlos. Tres oficiales, condenados a largas penas de penitenciaria por homicidas, en tres instancias sucesivas. Suprema Corte incluida. Sin embargo ello no fue bastante: en nuestra República degradar militares requiere la conformidad de sus pares. Estos los juzgaron: excusaron a uno y condenaron a otros dos, no por homicidio múltiple, sino por un delito contra sus iguales. Fallo homologado por Presidencia y más tarde, incomprensiblemente, causal de nuevo escándalo y fulminantes destituciones de sus redactores.

De acuerdo al art. 99 del Dec. 55/85 los fallos de honor deben expresar" "las propias convicciones" de sus jueces. Además de mantener independencia de las previas opiniones de los Tribunales Civiles o Militares. El Poder Ejecutivo, podrá, de no compartirlos, rehusarse a homologarlos, pero ello no debería implicar, tal como sucedió, destituir a sus redactores. Si no ¿por qué exigirles convicción en su proceder? ¿Cuál sería la libertad de opinión de estos jueces si sus fallos, buenos o malos, estuviesen predeterminados? ¿Cuál su honor, si aceptaran fallar bajo presión?

Es cierto que el Presidente puede prescindir libremente de cualquier general bajo su mando. Puede hacerlo en todo tiempo y sin expresión de causa, pero ello, con ser cierto, no autoriza ni la arbitrariedad ni la injusticia. Menos aún puede justificarse, como también parece haber supuesto, que el despido de los mencionados oficiales se funde en su apartamiento de los dictámenes de la justicia ordinaria. Omite que, según el decreto 55, tal divergencia es válida. Pero incluso, aún admitiendo que al tribunal de honor solo le cupiera ratificar (no contrariar) las sentencias civiles ¿cuál sería en tal caso su función? Tampoco resulta consistente, como causal de cese, la ausencia de notificación al superior por el mismo Tribunal, del delito cometido por Gavazzo. Omisión invocada por Vázquez para despedir a sus miembros. Según declaró Manini Ríos, él fue advertido y, pasado un tiempo, ordenó proseguir el proceso, sin comunicar el hecho. Entonces, de ser cierto, ¿qué justifica la sangría presidencial del generalato? ¿Cómo explicar su ligereza respecto a las funciones y deberes de sus subordinados militares?

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