Todo hace presumir que sus proponentes han conseguido las firmas necesarias para habilitar el referéndum. Si bien aún falta su verificación no parece que el descarte, que hasta ahora nunca ha alcanzado a más de un diez por ciento de adherentes, llegue a alterar el resultado.

Ello significa que el país ingresará en un diferente tiempo político, a su vez coincidente con el presumible final de la fase aguda de la pandemia, lo que supondrá una agenda política de mucha mayor dinámica y diversidad.

Cabe observar in límine, que si el recurso tuviera éxito y la LUC resultara derogada, ello no impediría que el actual gobierno, volviera a sancionarla por vía legislativa. Eso mismo, como dijimos en nota anterior, fue lo que hizo el Frente Amplio con la denominada Ley de Caducidad, derogada en el Parlamento por una mayoría de su partido, desconociendo dos referéndum que por voto popular habían ratificado su vigencia. Una herejía que el actual gobierno, dada su apreciación del derecho y su respeto a la voluntad popular, es seguro que no cometerá.

Volviendo a la realidad, es compartible que este no sea el momento más propicio para adelantar resultados. Todo es aún incierto. No obstante, la empresa Cifra ya publicó una encuesta pronosticando que si hoy se votara el recurso sería derrotado por una mayoría del 9% de los electores, un porcentaje algo menor, pero bastante cercano, a la ventaja que los partidos integrantes de la coalición multicolor obtuvieron en las últimas elecciones nacionales.

Ello refuerza la impresión que lo que importa para decidir, más que el contenido de la Ley, es la pertenencia partidaria de los ciudadanos. Aún cuando en Montevideo, donde en las elecciones nacionales triunfó la izquierda frentista, ahora se impone, por un pequeño porcentaje, la opción por mantenerla vigente. Una anomalía que merece pensarse.

De todos modos y más allá de estos adelantos aún preliminares y sin desatender el gran porcentaje de indecisos -más del 20% de la muestra-, algunos factores de fondo hacen presumir que la derogación no será fácil. El número de delitos sigue disminuyendo en el país. Un resultado en el que muy probablemente hayan incidido, entre otros factores, los variados cambios legales introducidos por la LUC que la ciudadanía reclamaba imperiosamente. Sin que se conozcan menoscabos a los derechos ciudadanos originados por ellos. Algo similar ocurre con la educación que nadie ignora que requiere transformaciones estructurales de fondo, algunas de las cuales ya se adelantaron en esta Ley. Los últimos informes PISA, con sus tristes resultados, vuelven a reiterar esta sempiterna problemática que exige no volver atrás. Cuando es primordial seguir innovando; no contribuye a ello un plebiscito sustentado en una clara reacción conservadora.

Esto no significa que en el plano estrictamente legal los impugnantes no tengan pleno derecho a aferrarse al pasado. Todo indica que estar invirtiendo sus orígenes y tradiciones, es su actual vocación. En los hechos, no les será simple hacerlo. El pueblo reclamó un cambio de rumbo y se pronunció en consecuencia, concederlo aún a disgusto, hubiera sido una muestra de grandeza y de madura oposición. Cualidades que hasta ahora no se hicieron presentes.