Hebert Gatto
Hebert Gatto

De nuevo Cataluña

Otra vez las calles de Barcelona fueron ocupadas por alrededor de 40.000 personas, esta vez enarboladas contra las sentencias por sedición dictadas a los independentistas catalanes Oriol Junquera y trece de sus compañeros.

Si bien el desenlace del juicio presidido por la Sala Segunda del Tribunal Superior Español culminó en términos más suaves del pronosticado -los jueces desecharon el riguroso delito de rebelión como atentado contra la soberanía española- las penas dictadas superan, para la mayoría de los encausados, los diez años de penitenciaría.

Ya nos hemos referido al tema señalando la sinrazón de estos reclamos promovidos por sectores catalanes que convencidos de integrar una nación histórica pretenden poseer las calidades que los habilitan para su independencia, apartándose del país del que forman parte. Una demanda compartida por la izquierda, que traicionando sus orígenes universalistas, ahora acompaña demandas nacional-identitarias. Es discutible si los secesionistas conforman una mayoría o únicamente una minoría dentro de su región. Por más que aún si fueran mayoritarios ello no define el asunto. Tampoco importa si Cataluña constituye o no una nación que reúna las características de tal. Resulta evidente que aún cuando esté dotada de un idioma propio no conforma una etnia particular, ni ostenta una historia independiente. Lo que cuestiona tal calidad. Pero además, lo decisivo para el derecho internacional, es que aún cuando fuera una nación, no por eso puede separarse de un estado en el que está pacíficamente integrada desde el siglo XII. Sólo puede demandarlo si se trata de una nación “colonial”, sometida desde los orígenes, a la impuesta soberanía del conjunto del que forma parte (Carta de las Naciones Unidas, y resoluciones 1514 y 1541 de la Asamblea General). Situación que sabemos se dio durante los procesos contemporáneos de descolonización, pero que en nada atañe a Cataluña que jamás fue colonia. Si esta condición no fuera un requisito necesario, muchos de los países plurinacionales estarían sometidos a la posibilidad de descomponerse por los tardíos reclamos de sus minorías culturales o nacionales, algo internacionalmente condenado como “tribalismo pos moderno”. Tanto que las Naciones Unidas han calificado como inadmisible cualquier intento de quebrar la unidad territorial de un país. Una posición, que desde el ángulo democrático, resulta absolutamente coherente y justificada.

Cataluña integra España porque así lo admitieron en su momento, explícita o tácitamente, las poblaciones que habitaron cada una de sus regiones (o naciones) incluyendo Cataluña, por consiguiente todas ellas sin exclusiones tienen derecho a intervenir conjuntamente en la secesión de cualquiera de sus miembros. Desconocer este principio, sería como burlar la voluntad mayoritaria de los españoles que verían como su consensuada decisión colectiva resulta revocada por una única región. Nada tiene que ver con este pleito ni la libertad de expresión ni el inexistente derecho de pueblos no coloniales a la secesión. Una cháchara inconsistente con la cual, parte de los catalanes ocultan su ilegítimo deseo independentista pese a la generosa autonomía que le brinda la Constitución Española.

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