Gerardo Sotelo, un reputado profesional fue designado por el Gobierno entrante como director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, (SECAN), que abarca al Canal 5 de Televisión y las cinco radios públicas.

Se trata de un periodista con desempeño en varios medios, tanto públicos como privados, con una vasta experiencia que lo hace apto para este cometido.

No obstante ello y a su reconocida calidad de “hombre del oficio”, el nombramiento de Sotelo despertó una inusitada oposición por parte del Frente Amplio y colegas de igual orientación. La indignada repulsa, que motivó incluso un comunicado oficial del frentismo y una acusación de censor a sueldo, se basó en la orden del flamante director informando que la nueva programación debía serle consultada antes de su emisión. Asimismo advirtió que en el futuro ella estaría sujeta a un protocolo a dictarse así como a una comisión independiente que la auditaría, bajo criterios de “respeto, profesionalismo e independencia”, como ocurre en los países desarrollados.

Si no conociéramos el clima de rechazo que el Frente mantiene ante la coalición gobernante en todos los ámbitos cabría sorprenderse ante tan desmedida reacción. La supervisión de la programación de los medios bajo su dirección es una medida absolutamente normal para una administración que luego de quince años, retoma su ejercicio. Todos sabemos que durante los últimos tres lustros, el Frentismo los manejó a su placer para difundir sus programas y objetivos políticos. Algo que también practicó mediante comunicados obligatorios en los medios privados, donde pretextando información promovió un descarado proselitismo. Una rutina en la que durante decenios, aunque con menos énfasis y menos éxito, también habían recaído los partidos tradicionales. Bien sabemos que la izquierda, a diferencia de lo ocurrido en el resto del mundo, logró en el Uruguay una hegemonía cultural, a la que no fue ajena este manejo de los medios. Parece sensato corregir tales desviaciones.

Sabido es que como problema general, la propiedad pública de los medios supone para la democracia un desafío regulatorio de magnitud. Lo que debe entenderse, como bien declaró Sotelo, es que ellos no son herramientas del gobierno de turno, sino que lo son del Estado. Es decir de todos los ciudadanos. Bajo estas premisas sería deseable dotarlos de autoridades independientes por períodos no coincidentes con el de las administraciones políticas. Esto parece procurar una ley hoy a estudio del Parlamento. Por lo mismo, en tanto que instrumentos estatales de comunicación, sus contenidos deben atenerse a la razón pública excluyendo objetivos particularistas, de modo tal que en principio, los tales contenidos puedan ser aceptados (o a lo menos racionalmente comprendidos) por la población, aún por quienes difieran con los mismos. Lo que no impedirá que cuando se trasmitan visiones ideológicamente controvertidas o de inspiración privada, este hecho sea claramente señalado. La defensa de los intereses colectivos en lo referido a las formas de la comunicación estatal, no impide, más bien obliga, a que se dicten, como se propone, reglamentaciones democráticas a su respecto. Ello permitirá contar con normas generales y así aventar fantasmas y moderar histerias.