Hebert Gatto
Hebert Gatto

La inseguridad social

En los últimos años, en cumplimiento de un proceso de años de cocción, el Uruguay aparece golpeado por un aumento imparable de la criminalidad con riesgo inminente de fracturar su convivencia.

Ni la mejoría económica, ni el abanico de políticas sociales desplegado, ni el incremento del gasto en represión han logrado frenar una situación que muestra el fracaso del gobierno. En una crisis sociocultural que si bien afecta a todos, parte de sus sectores más pobres, los más lastimados por la inseguridad, el desamparo y la droga. La izquierda montó su razón histórica de existencia en la defensa de los postergados; aquí, casi tres quinquenios de ejercicio del poder ha probado su incapacidad para esa tarea. Si bien redujo la pobreza material lo hizo sin mejorar las bases de la vida en sociedad, particularmente en el seno de los grupos más afectados por esta dramática erosión valorativa.

Frente a este desolador panorama se levantan varios discursos. El primero, declinante y de larga recurrencia: la criminalidad —argumenta—, es un problema exclusivo de las sociedades capitalistas; únicamente el socialismo le dará solución. Esta concepción, sólo sostenible a principios del siglo XX, ignora la historia del estrepitoso fracaso, tanto en la Unión Soviética como en China, Cuba o Venezuela, de su política criminal. Pese a una desbocada represión estatal. La segunda visión, centrada en Lombroso y periferias y poco interesada en los determinantes sociales de la criminalidad, apoya sin reflexión, cualquier clase de política represiva. Novick y sus recientes incorporaciones, son buen ejemplo de esta variedad. El tercer discurso es el de los que por razones ideológicas se niegan a un discurso punitivo extremo, pero forzados por la creciente inseguridad aceptan en lo inmediato cierto tipo de endurecimiento punitivo que a menudo linda con el apresuramiento. Larrañaga y su discutible reforma constitucional es el mejor exponente de esta política inmediatista. Quizás pueda mencionarse una cuarta concepción: la de aquellos que apelando a la prudencia sopesan con cuidado la opción entre políticas sociales preventivas y medidas represivas inmediatas. Ambas imprescindibles, por más que para la mesura el actual clima resulte adverso. En síntesis todas políticas que parten de muy encontradas concepciones sobre la comunidad, la anomia social y la naturaleza de la pena.

También se da en el país una respuesta emocional carente de fundamentación. La actitud enojada de un pueblo cansado que se vuelca a las calles. Un cúmulo de explosiones de miedo que se extienden por el territorio nacional. Sus expresiones, amplificadas por los medios, se presentan con una fuerte cualidad imitativa y un cierto ánimo "jocandi". Son ciertamente consecuencia del legítimo derecho a la protesta pero también de un sistema límbico sobreexcitado que termina por castigar a quien no debe. Entre tales opciones, se debate una sociedad que gradualmente pierde lo que en un tiempo la distinguía: su capacidad para digerir —con frecuencia ocultándolas— las conductas criminosas. Su incremento exponencial y su visibilidad hace tangible una fractura social que amenaza con desbordarla. Especialmente ante el cambio de los tiempos. De los ignorados "pueblos de ratas" llegamos a las amenazadoras periferias urbanas.

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