En el marco de las movilizaciones frente a la próxima Rendición de Cuentas, los paros y la amenaza de una huelga general en la educación se plantean como inminentes.

Demostrando como los interés sectoriales —cuya promoción es la función de los gremios—, frecuentemente impiden asumir la coyuntura general del país. Esta falencia, que deriva de las particularidades de las sociedades modernas, que coloca a sus componentes en posiciones contrapuestas, se refuerzan cuando a estas tensiones se agregan acusadas diferencias ideológicas. Tal como ocurre en el Uruguay, especialmente, pero no únicamente, en la educación, donde el mayor nivel cultural de sus integrantes, profundiza niveles de enfrentamiento.

Simplificando mucho, en ese sentido es posible sostener que sobre la educación y su función social existen dos modelos en colisión que derivan de distintas tradiciones. Con muy diferentes afinidades respecto al sistema oficial imperante y al rol en el mismo de los sindicatos docentes. Ambas son un prisma que refracta el debate sobre educación en el país. Sus mejores exponentes.

El Grupo de Reflexión en Educación (GRE), formado por un conjunto de educadores alrededor de Miguel Soler, con larga producción en estos temas, no disimula su procedencia de izquierda ni su cercanía con el actual modelo y con los sindicatos docentes. Sostiene que para complementarlo manteniendo la actual estructura organizativa, es necesario elaborar un Plan Nacional de Educación que ratificando el cogobierno y por ende la autonomía integral de la educación, otorgue rumbos a la educación en todos sus niveles.

El Plan deberá elaborarse a la interna del propio sistema, particularmente en su Congreso Nacional de Educación. Discute la procedencia de evaluaciones estandarizadas y cuantitativas como las pruebas PISA. La educación, sostiene, deberá ser ajena a las luchas partidarias, "desamarrando" a sus órganos directrices del poder político central. Su objetivo será la creación de ciudadanos integrales y no competitivos. Personas preparadas para el mundo del trabajo y no del mercado, en tanto la aspiración (implícita) del GRE radica en una sociedad libre de este defecto.

A su contracara Eduy21, que realiza propuestas específicas para la reforma educativa, la conforman especialistas que pese a su diferente extracción partidaria, entienden que debe modificarse la vigente ley de educación, otorgando al Ministerio de Educación, como órgano político, un rol rector en la educación. El MEC aportará las ideas generales y el Codicen su ejecución. Ello no impedirá la participación social, oyendo a los sindicatos, tal como lo exige una institucionalidad ajena a corporativismos. Eduy21 acepta las evaluaciones internacionales, pero las complementa con metodologías que atiendan más concretamente al estudiante. Fiel a su pluralismo no combina su programa con la promoción de ningún modelo implícito de sociedad, salvo la democracia. Tal decisión sobre el fondo solo compete a la ciudadanía y a sus partidos.

En este punto, y en el de el grado de autonomía del sistema, asoman las diferencias entre una y otra posición. La gran pregunta —la misma que hasta ahora ha paralizado el debate— es si estas propuestas, ciertamente distintas, podrán consensuarse. No parece sencillo, se paran de distinto modo frente a la utopía.