Hebert Gatto
Hebert Gatto

El frenesí reformista

El “reformismo normativo” es una dolencia que aqueja a muchos de los países latinoamericanos; resulta más sencillo modificar palabras y atosigarse con principios, que confrontarse con la realidad.

El “reformismo normativo” es una dolencia que aqueja a muchos de los países latinoamericanos; resulta más sencillo modificar palabras y atosigarse con principios, que confrontarse con la realidad.

Más aún cuando lo que está en juego es la modificación de la Constitución, una operación relativamente sencilla, que aún cuando la emprende con el “pacto social constitutivo” rinde frutos inmediatos como una operación de poder incruenta. Ninguna de estas aspiraciones está lejos de los arrestos reformistas que sacuden al partido de gobierno, especialmente por parte de aquellos que buscan institucionalizar lo que entienden, pese a su dudosa naturaleza constitucional, como logros de su grupo político: matrimonio igualitario, comodato para otorgar viviendas, Derechos Humanos, Fonasa, etc.

Esto no significa negarse a modificaciones razonables del texto de la Carta, siempre perfectible, aferrándose a un historicismo de dudosa procedencia. Solo se trata de no asumir el reto como una ruptura entre el pasado y el presente como en el inicio, operante en el imaginario de muchos de los actuales reformistas latinoamericanos de un período revolucionario en donde una nueva generación (o un nuevo partido) haga tabla rasa con las acumulaciones del pasado disparando sus aspiraciones transformadoras. Sin entender que la Constitución no tiene por finalidad instituir un proyecto determinado de vida o el ideario concreto de un partido político, sino la conformación de un ámbito de interacción dialogal. Un espacio donde los diferentes grupos sociales, incluyendo los partidos, pergeñen soluciones de convivencia socioeconómicas dinámicas, necesariamente transitorias y transaccionales, en sintonía con la naturaleza cambiante de la democracia. Además de fijar los límites y modalidades de actuación del Estado, continente destinado a albergarla, tutelarla y brindarla a sus ciudadanos.

Gustavo Zagrebelsky, el constitucionalista italiano, lo ha expresado con claridad: “Las constituciones de nuestro tiempo miran al futuro teniendo firme el pasado, el patrimonio de experiencia histórico-constitucional que quieren salvaguardar y enriquecer (…) (pero) así también las exigencias del futuro obligan a una continua puntualización del patrimonio constitucional del pasado y por tanto a una permanente redefinición de los principios de la convivencia constitucional”.

Nada de esto implica un apego ritual a los foundings fathers, sino adhesión racional a los grandes principios democrático y liberales que conforman el mejor legado de nuestras tradiciones, las que labraron nuestro perfil como uruguayos y exigen ser preservadas. Así las atingentes a la equilibrada defensa de la soberanía nacional, proclamando sin desmayos su vigencia (se pretende estatuir por la Carta una ciega subordinación a los fallos de las cortes internacionales), o la pretensión de derogar hacia el pasado el intangible principio de la irretroactividad de la ley penal o, como igualmente se ha propuesto, en un frenesí de ceguera y estupidez ideológica, eliminar la separación de poderes y con ella la independencia judicial, designando a los jueces constitucionales (encargados de declarar la inconstitucionalidad de las leyes) a través de las instituciones sociales.

Algo así como el entierro conjunto del Derecho y la democracia.

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