Hebert Gatto
Hebert Gatto

Un fallo polémico

En resoluciones sucesivas, ocho jueces, incluyendo a cuatro magistrados de la Suprema Corte, más dos fiscales letrados, decidieron que el ex presidente del Banco República, economista Fernando Calloia, continuara procesado por su actuación en el affaire Pluna.

En resoluciones sucesivas, ocho jueces, incluyendo a cuatro magistrados de la Suprema Corte, más dos fiscales letrados, decidieron que el ex presidente del Banco República, economista Fernando Calloia, continuara procesado por su actuación en el affaire Pluna.

Como se sabe, la medida judicial había sido revocada por el Tribunal de Apelaciones de Primer Turno, lo que motivó la apelación fiscal ahora acogida por la Corte. Aunque no sin discordias, lo que revela el carácter polémico del diferendo. Al tiempo que el mismo exhibe las disímiles reacciones de los dos políticos involucrados en el tema: la de Fernando Lorenzo, consintiendo el fallo inicial (lo que seguramente no significa aprobación al mismo) y la de Calloia, apelándolo y regresando, entre tanto, a la función pública.

La resolución de la Corte no constituye una pieza jurídica relevante, ni había, dado la índole del asunto, razones para que lo fuera. Simplificando mucho y para su mejor comprensión, diremos que el Tribunal de Apelaciones había revocado el procesamiento de Calloia, entendiendo que no se había acreditado que éste, mediante la concesión del aval, hubiera “favorecido” a la empresa Cosmo. Entre otras razones porque ella fue la única ofertante. Dicho esto bajo el supuesto que la concesión de un beneficio indebido era para el Tribunal la única imputación por la cual Calloia podía ser procesado, dado que de acuerdo al artículo 22 de la Constitución, el juez se encuentra limitado por los términos de la requisitoria fiscal, lo que implica que al procesar no puede traspasar ese límite externo impuesto por el accionamiento. Un aspecto que la doctrina denomina “principio de congruencia”. De no respetarlo, el juez violaría principios constitucionales e incluso el propio derecho de defensa.

La Corte acepta este argumento pero sostiene que en el caso su violación no existió. Por el contrario, argumenta que el fiscal incluyó en su acusación todas las irregularidades previas cometidas por el imputado (las órdenes a sus subordinados, el desconocimiento previo de Cosmo, el breve tiempo que insumió el trámite, la falta de contragarantía, la calificación que la operación mereció al propio BROU; irregularidades y arbitrariedades que la magistrada de primera instancia manejó para procesar. Ello encarta este delito en la figura del “abuso de funciones” cuyo bien jurídico tutelado “es el normal funcionamiento de la administración, que se ve amenazada cuando sus funcionarios no actúan moderadamente en el ejercicio de sus funciones, causándole un perjuicio a la administración o a los particulares”.

Es cierto que en la especie cabe preguntarse, como hacen quienes critican el fallo, cuál es el perjuicio. Salvo que se opte por sostener que la arbitrariedad de los funcionarios, en tanto abuso genérico, implica por sí misma su producción. Razón por la cual, sostiene la Corte, refutando la presunta falta de pruebas del delito que alegó la defensa y admitió el Tribunal, “es absurdo considerar que los hechos dados por probados en la recurrida no causan un perjuicio a la Administración”.

En síntesis, una sentencia fundada en un asunto que únicamente admite una certeza: Calloia, enjuiciable o no mientras estuviera siendo investigado por la Justicia, no debió haber sido designado a ningún cargo público. Ello mucho se asemeja a una presión indirecta.

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