Hace ciento treinta y nueve años, Chile, en un olvidado conflicto derrotó a Bolivia y Perú en la más tarde llamada Guerra del Pacífico, desarrollada entre 1879 y 1884.

Las motivaciones de este triple enfrentamiento, fundamentalmente económicas, se basaron en los encontrados intereses salitreros de la época y en el rampante nacionalismo de sus participantes. Como consecuencia del choque, Bolivia perdió su único departamento litoraleño (120.000 km2 y 400 kms. de costa) y se transformó en un país sin salida al mar, mientras Perú entregó sus provincias de Tarapacá y Arica, cediendo más de 50,000 km2 de su territorio original.

La guerra que se estima pudo haber producido 50.000 muertos, mayoritariamente del lado aliado, aún cuando las cifras se discuten a la baja, se clausuró con Perú mediante el tratado de Ancón de 1893 y con Bolivia con la tregua de 1884 y la posterior suscripción del tratado bilateral de paz y amistad de 1904, que consagró su insularidad.

Bolivia reconoció al gobierno chileno el “dominio perpetuo” de su anterior territorio litoraleño, a cambio de total libertad en su tráfico comercial por los puertos del Pacífico, una indemnización en dinero y algunas garantías, más la construcción, a costo chileno, de un ferrocarril entre Arica y La Paz. Es este tratado el que Bolivia califica como nefasto para sus intereses, discute desde hace décadas y que ahora a su demanda, motiva esta sentencia de la Corte Internacional de La Haya.

El tratado, sostiene en su demanda, hace que su país, al carecer de salida al mar no pueda comerciar libremente con el mundo. Sus transacciones son muchas más caras que la de sus vecinos, mientras ha reducido sus ingresos por pesca, salitre, guano, plata, cobre y litio debido a la pérdida territorial sufrida, lo que la ha colocado en una situación de vulnerabilidad y pobreza. Chile, agrega, no ha cumplido con sus correspectivas obligaciones, pese a que desde 1904 en adelante fue reconociendo las peticiones bolivianas, aceptando discutirlas en multitud de ocasiones (que documenta). Reiteró así una implícita voluntad de otorgar a Bolivia un acceso soberano al océano.

Tanta es la seguridad de Evo Morales al respecto, que agregó un insólito artículo a la última Constitución de Bolivia, que sólo permite discutir esta opción.

Chile por su parte, niega rotundamente su voluntad de ceder territorios, alegando que su disposición dialogal solo fue muestra de buena vecindad. Agrega que no existe jurisprudencia internacional que obligue a revisar tratados libremente contraídos, destacando que el acuerdo de 1904 se realizó luego de más de veinte años de conclusión de la guerra del Pacífico e incluyó obligaciones recíprocas debidamente cumplidas por su país. Reafirma que si los tratados pudieran corregirse a voluntad de sus signatarios, el derecho internacional carecería de estabilidad, subvirtiendo la historia diplomática del mundo. Por eso, aceptando sus argumentos, la Corte falla que Chile no está obligada a negociar.

Hay ocasiones como ésta, en que cuesta vincular orden jurídico y moral. Seguramente, aunque no nos alegre, la Corte falló de acuerdo a derecho. No porque Evo Morales, un pelele infatuado, confunda populismo con justicia. No obstante seguimos sintiendo que Bolivia es un país pobre, vejado e históricamente relegado. Bueno sería que Chile así lo entendiera.