En líneas generales, las recientes elecciones internas en el Uruguay arrojaron, para una mirada pluralista, resultados satisfactorios.

Las opciones centristas, con candidatos a la presidencia de claro sentido democrático triunfaron en ambos partidos tradicionales, mientras en el Frente Amplio prevaleció un candidato moderado, de propuestas acuerdistas. Por más que en este último caso, no haya persistido el mismo criterio en la designación de la candidata a la vicepresidencia.

Las diferentes encuestas han coincidido que, con independencia de quien gane, ningún partido conseguirá mayorías parlamentarias, lo que supondrá un modo de gobernar diferente al practicado, donde la coalición de izquierda, valiéndose de su mayoría, pudo prescindir de la oposición. Con ello conformó una situación frecuentemente dominada por el secreto de Estado, que no exige ni diálogo ni compromiso con los restantes partidos, lo que se asemeja al gobierno de un solo partido, modelo que inhibe el pluralismo.

Así, valga el ejemplo, mientras se escriben estas líneas, acaba de anunciarse que UPM acepta instalar su segunda planta, una excelente noticia si los uruguayos hubiéramos podido enterarnos de los alcances del contrato que, casi en secreto, suscribió el frentismo y del que resulta imposible saber cuánto concedimos.

Por eso, partiendo del supuesto que en el próximo período los acuerdos parlamentarios o las coaliciones electorales serán necesarias para gobernar, el tema fincará en quiénes, dependiendo de los resultados electorales, serán los acuerdistas y las materias comprendidas en ellos. Coaliciones que como se sabe, admiten distintas extensiones, desde aquellas donde los coaligados se reparten todas o algunas de las responsabilidades de gobierno hasta aquellas en que se limitan a coincidir en el Parlamento. Siempre, claro está, que sus integrantes sean partidos de ámbito nacional y reconozcan algunas afinidades, especialmente desde el punto de vista ideológico y por consiguiente programático. En este sentido, si el triunfador fuera el Frente, ello, casi seguramente, limitará su posibilidad, de concretar coaliciones. No puede omitirse que mientras sectores mayoritarios de la izquierda sostengan que ellos representan en exclusividad al pueblo y sus adversarios a la oligarquía - como adelantó la candidata Villar-, la posibilidad de pactos se vea seriamente limitada. Lo mismo sucede si quienes se enfrentan son el capitalismo neoliberal y el socialismo solidario, porque el extremismo con que se adelgaza y se valora la realidad, dificulta acercamientos. Aún los menos inclusivos.

En igual sentido, resulta aconsejable que los partidos dispuestos a acordar, mantengan similares perspectivas respecto a las reglas de convivencia que imperan en el país. Tratándose, como es el caso del Uruguay de una democracia liberal todos los acuerdistas deberían, dentro de ciertos márgenes, coincidir en sus principios socio políticos. Cosa que, como es sabido nunca ocurrió en el Frente Amplio. Si este no es el caso, los agrupamientos democráticos pactantes estarán soslayando definiciones esenciales de su perfil. Por más que ni siquiera este requisito imprescindible resulta suficiente si se pretende que las coaliciones se asienten sobre bases estables. En el liberalismo, la composición de los partidos políticos debería representar, en el mayor grado posible, a la sociedad en su conjunto, no a sectores, instituciones, estamentos, corporaciones o grupos de ella. Ni siquiera, como bien lo sabía E. Burke, los partidos representan a sus electores, su relación es con la Nación, no con parte alguna de ella, de ahí que deba rechazarse el mandato imperativo como mecanismo de revocación del candidato por parte de quienes lo votaron. Una facultad presente solo en constituciones de tipo totalitario.

Tampoco es fácil para agrupamientos de ámbito nacional acordar con partidos que representen a clases sociales específicas o a sus instituciones (como, por ej. el Partido Comunista), si bien en este caso, como destaca Habermas, los mismos constituían los denominados partidos de “integración de masas” de fines del siglo XIX, antecedente de los actuales partidos “catch all” o agarra todo. Aquí, a lo que nos referimos es a partidos que representan corporaciones (partidos corporativos), tal como puede ser un cartel empresarial, una central sindical o inclusive (aunque no común) un partido correspondiente a las fuerzas armadas y policiales de una nación. Una representación tan acotada, tan restringida al ámbito exclusivo de un grupo o colectivo funcional, que impide, dados los diferentes intereses implicados, coaliciones con partidos de ámbito nacional.

Tal el caso en nuestro país, del recientemente aparecido Cabildo Abierto, un partido encabezado por el ex comandante en jefe del ejército General Guido Manini Ríos. Gane quien gane y pese a la urgencia de acuerdos parlamentarios, no resultará nada fácil acordar con un grupo de claro perfil corporativo, con intereses dirigidos preponderantemente a una institución. Nos consta que seguramente Cabildo Abierto negará su corporativismo. Pero ello no debería inhibir el poco interés de sus pares en pactar con un partido personalizado, hasta ahora sin programa conocido, con férreos vínculos militares, directamente relacionado con el pachequismo y resabios del viejo ruralismo, carente de figuras políticas conocidas y de equívocas posiciones respecto a la última dictadura cívico-militar. No se trata -como se ha dicho- que el desafío de derrotar al partido de gobierno propiciando un cambio que enfile al país por nuevos y mejores rumbos, legitime cualquier ingeniería partidaria. Ese objetivo es necesario y deseable, pero no valida todo acuerdo político. No siempre los medios justifican los fines. Aquí militan razones estructurales (diferente inclusividad de los partidos) y decisivas razones político-ideológicas que dificultan acercamientos entre agrupamientos de centro y de centro izquierda (como son blancos, colorados e independientes), con agrupaciones corporativas de aparente derecha neta. No es un tema de conveniencias es de principios.