Las coincidentes declaraciones de tres connotados dirigentes frentistas, Danilo Astori, Daniel Martínez y José Mujica, admitiendo que el régimen venezolano constituye una dictadura, levantaron polvareda en la coalición.

Más aún cuando simultáneamente una delegación de ella se solidarizaba en Caracas con el régimen de Maduro, y el Foro de San Pablo -la paleolítica central de la izquierda latinoamericana-, en el mismo acto, declaraba su apoyo tanto al Frente como a Maduro. Este tipo de contradicciones no es nuevo y es revelador de la falta de unidad.

Se ha dicho que el tema carece de importancia por tratarse de una discusión que versa sobre palabras, -dictadura o no dictadura- y no sobre realidades políticas perteneciente al mundo fenoménico. El alcance del vocablo dictadura como apartamiento de un régimen político democrático-pluralista, tiene contornos imprecisos de alcance discutible, por lo cual, se alega, aún coincidiendo sobre los hechos, como lo recordaba Vaz Ferreira, se puede diferir respecto al alcance de las palabras (y conceptos) que los nombran. Sin embargo, en este caso, entiendo que esta apreciación no es aplicable. Al mismo le subyace una polémica histórica real con significados bien precisos. Nos referimos al profundo debate político que atravesó gran parte del siglo XX, en relación a la discutida naturaleza dictatorial de los regímenes comunistas, que aún es válido como indicador del universo ideológico de cada uno y, como corolario, a la diferente apreciación que se adjudica a la libertad ciudadana dentro del estado. En este sentido, no es casual -coincide con sus referencias sicosociales antiliberales-, que gran parte de la izquierda americana, haya defendido los recientes populismos del continente. De Cuba a Venezuela o Ecuador.

De todos modos, lo relevante no es el cambio de valoración por parte de figuras del F.A., que más parece un tema de oportunidad que de principios. Lo que sí importa es la curiosa e inédita posición que mantuvo -y aparentemente, fuera de algunos dirigentes, aún mantiene el estado uruguayo- al negarse a calificar al tipo de gobierno de Venezuela, argumentando que hacerlo implicaría perder legitimidad para transar entre su pueblo y su gobierno. Lo que en buen romance significa que las naciones que componen el orden público internacional no deben denunciar las desviaciones respecto a la democracia, ni individual ni pluralmente, tal como les ordena, en el plano universal la Carta de las Naciones Unidas y en el continental la Carta Democrática de la OEA del 11 de Septiembre del 2001, porque ello supondría violar el principio de “No Intervención”, además de impedirles toda posible mediación.

Sin embargo, tamaño sin sentido, que reiteramos, viola frontalmente el derecho internacional que ordena denunciar y tomar medidas ante rupturas del orden democrático así como frente a violaciones a los derechos humanos, y que llega hasta la suspensión de los organismos interamericanos del estado infractor, ha sido la errónea posición que en esta materia ha adoptado nuestro país. Un imperdonable desatino en política exterior, que rompe con la tradición democrática en la materia que, junto al principio de “No Intervención”, fue por siempre la consigna del estado oriental.