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Un conflicto del pasado

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Hebert Gatto
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No es la primera vez que se produce un enfrentamiento entre los ruralistas y el gobierno de turno, si bien éste, recién comenzado, tiene características singulares.

La más notoria es el rol de las redes sociales, que en el lapso de unos pocos días, lograron organizar un movimiento que se extendió a la totalidad de la campaña a través de un medio que genera actores sociales e individuales velozmente intercomunicados, algo anteriormente inexistente. El fenómeno, que en mucho excede esta situación concreta y se relaciona con la capacidad de participación de la ciudadanía en los conflictos sociales y su inédita aptitud para producir, en ocasiones sin mucha reflexión, fenómenos de mimetismo colectivo, exigirá a la democracia rediseñar muchas de sus instituciones.

¿Qué decir del enfrentamiento en sí mismo? Los productores rurales en su conjunto se quejan amargamente del estado de la economía y la baja rentabilidad que la misma genera en sus emprendimientos. Lo que consideran resultado de una conducción política ciega y sorda a su situación. Variando según regiones y actividades, sus reclamos se concretan en: dólar infravaluado, carga impositiva desmedida, alto costo de un estado hipertrofiado, insoportable deuda externa, encarecimiento de insumos, dificultades crecientes para pequeños productores.

Por su lado el gobierno aduce que no es ésta la situación del agro en su conjunto. Existen ciertamente sectores en dificultades, la lechería y el arroz, por ejemplo, afrontan coyunturas complejas, pero ello no autoriza la generalización ni a la amenaza. La economía del país (de la que forma parte la agropecuaria) está mejor que la del resto del continente, las exportaciones siguen creciendo y sus precios son, con las excepciones anotadas, relativamente aceptables. La eventual reducción temporal de la rentabilidad se compensa con los períodos de alza y las oscilaciones forman parte del ciclo agroindustrial en su conjunto. La estrategia económica del gobierno, más allá de retoques, es exitosa y no será cambiada. Ésta, la palabra oficial.

Para el Frente Amplio, menos cuidado en sus apreciaciones, el conflicto, de naturaleza ideológica, obedece a dos modelos económico-sociales, el progresista de su partido y el neoliberal de los ruralistas. Sin perjuicio del deber de atender a las pequeñas explotaciones, disparar al bulto como hacen estos últimos, es dar razón a la clásica oligarquía ganadera, que en atención a su lugar en la lucha de clases, resulta retardataria.

Ruralistas y gobierno tienen sus razones. Lo que vivimos es el clásico conflicto, consustancial al desarrollo histórico del Uruguay, que si pretendió ser un país equilibrado y no monoproductor, debió apelar a dirigir recursos de la producción primaria hacia otras áreas de la economía. En la clásica tensión entre la exclusiva dependencia de los bienes agropecuarios o una prudente industrialización. Ello no implica hipertrofiar el gasto del estado, desprotejer a los más débiles y mucho menos, avanzar hacia el socialismo, significa procurar una nación moderna. Sin olvidar que nuestro destino, en vista de nuestras características, es producir para el exterior. Apreciaciones muy generales pero que no pueden omitirse. Del mismo modo que no parece sano escindir la nación entre campo y ciudad. Ello supone a retornar a un pasado superado.

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