En definitiva la sangre no llegó al río. El Frente consensuó una fórmula que seguramente dará fin a la crisis de los cincuentones.

Por más que no quepa alegrarse por una solución que al autorizar a este grupo etario a regresar al régimen del BPS repara una injusticia, pero compromete financieramente el futuro del país. Lo hace generando una deuda de alrededor de dos mil cuatrocientos millones de dólares para los próximos decenios, además de agravar la situación de un sistema ya debilitado, como el de la previsión social.

No fue por capricho sino por las duras amenazas que se cernían sobre el sistema jubilatorio del país, que en 1995 fue reformado a través de la ley 16.713, mediante un régimen mixto entre el BPS y las AFAP, administrado por ambos. El BPS mantuvo hasta cierto tope de sueldo un sistema donde las contribuciones de las nuevas generaciones financian a las anteriores mientras que, a partir de ese límite, cada ciudadano sostiene su futura jubilación mediante sus propios aportes depositados en las AFAP como empresas parcialmente privadas. El cambio dio lugar a feroces enfrentamientos donde la izquierda defendió con uñas y dientes la vigencia del viejo régimen mientras los restantes sectores optaron por el nuevo. El debate se planteó como solidaridad entre generaciones (los hijos sostienen a sus padres), o un régimen de ahorro personal donde cada uno vela por su propio futuro, lo que fue considerado egoísta, competitivo y de raíz liberal. Por más que en realidad, más allá de las virtudes morales de uno u otro sistema —un tema ideológico de fondo—, el régimen intergeneracional puro resultaba insostenible. Especialmente para un país como el nuestro sin crecimiento demográfico, pero con tasas declinantes de mortalidad, donde cada vez menos aportantes deben soportar más pasivos.

Tal el fundamento de la imprescindible reforma de 1995 que, sin embargo, consagró una omisión: ingresó a los aportantes menores de cuarenta años (con sueldos mayores a $ 50.000 actuales), al nuevo régimen mixto, pero les desconoció (o así lo interpretó el BPS), gran parte de los aportes hasta entonces efectuados. Con el resultado que ahora, cuando intentan jubilarse, ese faltante se hace notar, salvo que la aplacen trabajando más tiempo. Aunque también reduce su monto el hecho que solo en su caso, el régimen obligatorio de las AFAP no operó desde el comienzo de su vida laboral. Un extremo en nada relacionado con las mismas.

El proyecto ahora acordado les permite regresar al BPS cobrando el 90% de lo que recibirían si su pasaje al régimen mixto no se hubiese realizado, desconociendo así el traslado de la ley 16.713. Ello hace que la propuesta del Partido Independiente, resulte más barata que la acordada por el FA, en tanto el Estado, si bien deberá reconocer los aportes omitidos en 1995, mantendrá a los cincuentones en el sistema mixto. Una solución quizás no estrictamente igualitaria, pero más acorde a los futuros desafíos que amenazan al país, que con esto solo está difiriendo una futura reforma previsional que aumentará la edad para jubilarse y/o solo conservará cuentas individuales. Algo que resultará ineludible. Y que a todos afectará.