Hebert Gatto
Hebert Gatto

El caso Sendic

Se ha dictado sentencia en las investigaciones sobre Ancap relativas a la gestión de directores y funcionarios jerárquicos durante el lapso 2010-2015.

Como se sabe, el fallo condenó al expresidente de Ancap, Raúl Sendic, por los delitos de peculado en reiteración real y por abuso de funciones, mientras, discrepando con la acusación, eximió de responsabilidad penal a los restantes indagados. La trascendencia de esta sentencia, merece comentarla.

Por primera vez en la historia del país, un vicepresidente de la República fue condenado por desarrollar una actividad delictiva durante su gestión. No se trata de que no hubiera antecedentes respecto a políticos penados por conductas criminales.

Los hubo, en muy diversas épocas y por diferentes delitos. Incluso expresidentes, si bien en períodos de facto, como fue el caso del Gral. Gregorio Álvarez o Juan María Bordaberry, cursaron prisión por crímenes cometidos en su mandato, algo que nunca había ocurrido en períodos democráticos. El fenómeno, que se viene repitiendo en toda América Latina —el caso de Lula en Brasil es altamente relevante—, y también en Europa y Asia, señala un proceso de corrupción que se extiende por el mundo y donde el Poder Judicial, aún criticado, emerge como la única valla.

En Uruguay a Raúl Sendic no se le pena por delitos mayores, como es el caso de otros mandatarios —las acusaciones a los Kirchner en Argentina—, sino por actuar en el marco de una pequeña corruptela cotidiana que duró años y que se tradujo en un limitado enriquecimiento personal. Generalmente en artículos de consumo o en algunos deslices en sus frecuentes viajes, como las reiteradas visitas a restaurantes a cuenta del Estado nacional. Ello no lo exime de responsabilidad, solo mide, por fortuna, el modesto nivel de la corrupción uruguaya.

Sendic fue también sancionado por el delito de abuso de funciones, una figura inconstitucional. Por más que en el caso Exor, donde se le condena, actuó como si Ancap se redujera a su persona. Ni siquiera comunicó las responsabilidades que asumía por el Ente, que pueden costarle al país varios millones de dólares. Pese a no estar probado que lo hiciera en beneficio propio, sino —aparentemente—, por pura impericia, la misma que demostró en el resto de su pobre gestión.

Lo más preocupante es que anuncia que continuará haciendo política. Otro tema, más relevante, es la inaudita facilidad con que una figura muy menor, sin ningún mérito acreditado salvo (si así se quiere) su filiación, le permitió convertirse en poco tiempo en figura de primera magnitud de la izquierda y de allí trepar a la vicepresidencia de la nación. En un desliz imperdonable de su partido y —por qué no— del pueblo que lo eligió. ¿Si lo hicimos una vez, por qué no dos?

Respecto a la sentencia, ha sido muy criticada por su lenidad. Más allá de que toda decisión judicial admita críticas y errores, no acompaño esa descalificación. El fallo es meditado, correctamente evaluada la prueba, bien argumentado y pleno de cautela.

Es ese cuidado con el derecho de los ciudadanos lo que más celebro. En tiempos de castigos e inflación penal, bienvenida la prudencia judicial. Mejor falta que exceso.

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