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Brasil y sus desventuras

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En un complejo trámite el Senado brasileño, controlado en sus requisitos, por el Supremo Tribunal Federal, decidió por amplia mayoría la destitución de la Presidenta Rousseff. Culminaba de tal modo un procedimiento constitucional de naturaleza cuasi jurisdiccional previsto para determinados delitos cometidos por estos altos magistrados.

En un complejo trámite el Senado brasileño, controlado en sus requisitos, por el Supremo Tribunal Federal, decidió por amplia mayoría la destitución de la Presidenta Rousseff. Culminaba de tal modo un procedimiento constitucional de naturaleza cuasi jurisdiccional previsto para determinados delitos cometidos por estos altos magistrados.

Para algunos se trató del desenlace natural de un proceso iniciado hacía varios meses, mientras que para otros, incluyendo la alianza bolivariana de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, más el FA uruguayo, lo ocurrido perfeccionó un golpe de Estado blando, con el que la derecha brasileña expulsó a la izquierda del gobierno de ese país. Otro eslabón de una conspiración dirigida contra todos los gobiernos continentales de orientación “progresista”, que habría comenzado en 2012 con la destitución del presidente Fernando Lugo en Paraguay y que ahora, con el patrocinio indirecto de los EE.UU., alcanzaría al Brasil, y por último, al jaqueado gobierno de Venezuela.

Debo confesar que carezco de elementos para pronunciarme sobre la justicia legal de esta decisión. Me refiero al contenido último de esta, a si el delito imputado a Rousseff alcanzó a ser tipificado, justificando la sanción. Para ello sería necesario un análisis jurídico profundo, que tomara en cuenta además, las particularidades hermenéuticas del entorno en que se pronunció este fallo, así como su historia política y constitucional. Sin embargo no tengo dudas sobre su legitimidad formal en tanto fue pronunciada por el órgano competente, siguiendo los procedimientos previstos en la Carta.

Por eso, entiendo que tan democrática fue la elección de Rousseff, como ahora, mediante la resolución del Senado, resulta ser su destitución. Lo que no necesariamente significa que el veredicto sea justo, es decir arreglado a Derecho. Pronunciarse más allá, como hacen bolivarianos y frentistas, resulta claramente irresponsable. Dicho sea deplorando la angustiosa situación del país del norte, en bancarrota económica y contaminado por una corrupción generalizada que se extiende tanto entre los defensores como entre los detractores de la Presidenta saliente.

Por eso, más allá de ese sombrío panorama, asombra observar con qué desparpajo, bajo el peso de preconceptos ideológicos, se descalifican situaciones complejas que merecerían otro rigor en su consideración. ¿Cuántos de estos objetores analizaron los 72 tomos en que se recopiló este proceso, que supuso decenas de testimonios, de una y otra parte, en las más de 24.000 páginas en las que se recogieron? ¿Quién de los críticos conoce la jurisprudencia brasileña sobre los delitos que se le imputaron a la Presidenta? ¿Quién los antecedentes? No será que este pronunciamiento se asimila a una sentencia, que si bien puede ser criticada, merece ser leída y analizada previamente a repudiarla. ¿Acaso alcanza con alegar que por el hecho de que determinada decisión haya sido tomada por la derecha, EE.UU., los medios, o incluso la Social Democracia brasileña (aún suponiendo que esta atribución revelara per se los nefastos intereses antipopulares de todos estos grupos y su indiferencia por el Derecho), para descalificarla sin conocerla, como si se tratara de la peor de las infamias?

Yo sería más prudente sobre lo actuado en casa ajena.

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Hebert Gatto

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