Si es cierto que al influjo de la pandemia hubo alguna tregua por parte de la oposición, ésta se terminó definitivamente con el debate sobre la ley de Presupuesto. 

Un asunto que para el Frente Amplio constituyó “casus belli” y para el gobierno significó el fin de cualquier posibilidad de transición medianamente amable. En el plano político las cartas ya están jugadas y todo presagia años duros, donde cada una de las resoluciones del oficialismo será inmediatamente reprobada por los frentistas, tensando la estabilidad de las instituciones.

Acorde con ese clima, el movimiento sindical tampoco admitió dilaciones en su confrontación con el gobierno. Un anacrónico conflicto sin intermediaciones ni treguas, entre dos modelos de vida socio política sin pausas, ni caminos para acercarlos. Para desarrollarlo el actor sindical, parapetado en una Central poderosa, mantiene dos estrategias, en teoría, relativamente diferentes. Una clásica, de carácter defensivo, donde su motivación es el cuidado, promoción y mejora de la calidad de vida de los trabajadores, sin pretender incursionar directamente en política. Con esta orientación se manejó durante los gobiernos frentistas. Otra de prosapia anarquista, no siempre presente y en retirada en los grandes naciones de Occidente, donde el Sindicato se trasmuta en un movimiento político encubierto, proponiéndose, como objeto último, el cambio anticapitalista hacia modalidades colectivistas de las estructuras sociales. De allí la necesidad, tantas veces pregonada en las democracias liberales y combatida tanto por la izquierda como por el fascismo, de que ambas ramas, tanto la política como la sindical permanezcan en lo posible autónomas, sin mezclar fuerzas y estrategias. Un distanciamiento que en el Río de la Plata, salvo bajo gobiernos de izquierda, fue imposible conseguir, constituyendo uno de los grandes desafíos del siglo XX para los gobiernos democráticos, particularmente en la Argentina.

Prueba clara de ello tuvimos el jueves pasado con un paro general cuyos motivos fueron la defensa del ingreso de los trabajadores, la lucha contra la L.U.C, el aumento del nivel salarial de los empleados públicos, un ingreso mínimo garantizado para los perjudicados por la pandemia, un avance en la atención de la salud y la educación, en síntesis una mejor distribución para una pujante nación en franco crecimiento. Logros que únicamente un tonto rechazaría. Seguramente porque su inopia le impide aceptar que con ese reparto el país impedirá la caída de su PBI, mejorará el peligroso déficit fiscal que heredó del anterior gobierno, y superará la creciente desocupación, o quizás porque en su incapacidad cree posible distribuir lo que no existe.

Ocurre que esta absurda aspiración sindicofrentista se sostiene en una monolítica afirmación: cuanto peor es la situación, más debe gastar y endeudarse el Estado. Una consigna que nuevamente omite que si el Uruguay, aumentando su déficit pierde el grado inversor ahuyenta inversiones y compromete definitivamente su crecimiento. Posibilidad que no empaña el idílico sueño gremial: apostar al mercado interno, fortalecer al Estado, y apuntar a la gran patria latinoamericana impulsada por la solidaridad de Argentina, Cuba y Venezuela. He ahí el camino.