Hebert Gatto
Hebert Gatto

Aprender, aprender, aprender

Lograr una enseñanza de calidad fue un desafío que Uruguay siempre se propuso. En los últimos 35 años lo afrontó en tres oportunidades.

En el año 1985, procurando superar los estragos de la dictadura se dictó la llamada Ley de Emergencia donde, siguiendo las iniciativas de Germán Rama, se restauró la autonomía y se procuró recuperar una eficacia de gestión. Como es notorio las iniciativas de este precursor chocaron con la cerrada oposición de los sindicatos docentes y de la izquierda política que dificultaron su progreso pese a algunos logros, como las escuelas de tiempo completo y la introducción de sistemas para medir resultados.

El segundo momento del proceso tuvo inicio luego del primer triunfo del Frente Amplio. En el 2008, para prepararlo, se citó un Congreso Social, que tuvo por principal protagonista a los gremios (docentes y los que no lo eran), y a diversas organizaciones populares. Careció sin embargo, de representación de las fuerzas políticas, mientras la ANEP e incluso la Udelar mantuvieron escasa presencia. A su término, se elevó un informe donde se procuraba, tal como sucede con la Universidad de la República, total independencia del sistema político. Sus impulsores sindicales argumentaban la necesidad de excluir a la educación de los avatares de la lucha partidaria dejándo- la en manos de sus participantes directos (docentes, estudiantes y auxiliares), libres -decían- de intereses políticos.

Desde los partidos tradicionales se afirmó que lo que realmente pretendía la izquierda era, aplicando estrategias gramscianas, dominar la estructura educativa del país mediante su creciente hegemonía en los sindicatos. Lo que equivalía a excluir la educación del juego político democrático, aislándola de la ciudadanía.

El informe, primero discutido dentro del F.A. y más tarde como proyecto remitido al Parlamento, fue, no sin disensos, modificado en esa instancia, aceptando la introducción en la gobernanza de la educación de representantes políticos designados con venia por el Poder Ejecutivo. No obstante se mantuvo la presencia con voz y voto de los representantes sindicales, que -tanto en el Codicen como en los Consejo desconcentrados-, pasaron a cogobernar la institución ejerciendo en varias instancias, un verdadero poder de veto. El nuevo modelo, aprobado en diciembre del 2008, rigió hasta su derogación por el actual gobierno, por más que ya desde sus inicios exhibió importantes carencias .

Uruguay enseñaba poco, mal e inequitativamente y sus estructuras de gobierno educativo resultaron confusas y mal diseñadas, pese a que el sistema requería sumas considerables, cercanas al 6% del Producto. Mal desempeño, instrucción memorística, permanencia reiterada de estudiantes fuera de edad, repetición, incomprensión lectora y matemática, desiguales tasas de egreso (el 40% del primer quintil no completaba el ciclo en la enseñanza media), además de desorden docente. Comparativamente se conseguía menos que varios de los países del continente, muchos de ello peor dotados económicamente.

No extraña que cuando se comprobó en las pruebas internacionales que los resultados de nuestra enseñanza eran objetivamente pobres, ello constituyera una dramática constatación de cuya resolución pendía y pende el crecimiento del país. Tan decisiva, que fue factor fundamental para la derrota electoral de la fuerza que la había proyectado.

Con la llegada del nuevo gobierno, y tal como lo demandaba la ciudadanía, en la Ley de Urgente Consideración se introdujeron importantes correcciones en el gobierno de la Educación, otorgando funciones de coordinación al Ministerio correspondiente, al que se le encomendó asi- mismo redactar un necesario Plan de Política Educativa Nacional.

Paralelamente se eliminaron los Consejos desconcentrados de Primaria, Secundaria y Enseñanza técnica y por ende la representación gremial en ellos y se organizó de mejor modo la interacción de los distintos órganos, bajo la dirección del Codicen, en el que se mantuvo la representación sindical. Se enfatizó la necesidad de la educación inicial en 3, 4 y 5 años, seguidos por Primaria, Media básica, Terciaria no universitaria y Técnico Profesional, cada una dirigida por una Dirección sometida a jerarquía.

Parte de estas modificaciones, se inspiran en los trabajos de EDUY 21, un “think tank” de integración pluripartidista proveniente de la sociedad civil. Estos valiosos aportes, y otros tantos aún pendientes, meditados y realizados sin resonancias políticas, constituyen, a mi parecer, lo más sensato que se ha producido en los últimos tiempos sobre el tema educativo.

Desafortunadamente los gremios, abroquelados en su corporativismo, con el Frente Amplio a su cola, desestiman incorporarlos y ahora promueven su derogación plebiscitaria. Para ello se valen de una argumentación confusa alegando que alientan una concepción individualista, neoliberal, conformista y poco solidaria de la vida social. Una cosmovisión que solo prepara educandos para el mercado capitalista. A ello agregan que una política educativa focalizada, con instrumentos específicos hacia los sectores más pobres, como los que propone esta reforma, termina por consolidarlos. Sin participación social, afirman, todo proyecto carece de densidad democrática. Como si poco importaran, los magros resultados educativos hasta ahora obtenidos.

Pero el problema central, oculto bajo esta interminable polémica, consiste en preguntarnos todos para qué sociedad educamos. ¿Para un socialismo similar al de Cuba y VietNam del Norte, para una desconocida utopía de “hombres nuevos” o para la sociedad uruguaya, la actual y la del futuro cercano y previsible? Nos guste o no nos guste, el único modelo con el cual convivir, aunque sepamos que debamos hacerlo más justo y eficaz. Obligaciones a las que no se opone esta imprescindible reforma educativa.

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