Corromper significa degradar o hacer perder a alguna cosa o persona su naturaleza o función. Tal lo hecho por el Senador Leonardo De León como Presidente de Alur al mal utilizar por más de cuatro años y sin rendir cuentas las tarjetas corporativas proporcionadas por su empleador. Si a su vez se considera la naturaleza pública del patrimonio de Alur, su conducta constituye un ejemplo notorio de corrupción política. Sin embargo el Frente Amplio rehusó acompañar un juicio político para su correligionario por estimar que su actuación fue correcta. Así, temiendo a la transparencia terminó por avalar lo ocurrido. No es que haya rehusado condenarlo, el tema es que, pese a lo abrumador de las pruebas, se negó a juzgarlo y con ello impidió que el parlamento lo hiciera.

A fines del 2017 el Partido Independiente presentó una ampliación de su denuncia judicial sobre el caso Ancap y aportó información sobre los gastos incurridos por De León mientras presidía Alur. Con esta acusación, comenzó esta penosa secuencia donde una y otra vez el F. A. pretendió ocultar lo evidente. Por su parte, en febrero de este año, el diputado del Partido Nacional Pablo Iturralde intentó incoarle un juicio político por su reiterada e incorrecta utilización de la tarjeta corporativa. Investigación que sin mayores argumentos fue rechazado por el voto unánime de la mayoría legislativa frentista. Y ello pese a la opinión acorde de varios constitucionalistas que reiteraron que dicho juicio - en tanto proceso político- debe considerarse independiente de las actuaciones y decisiones del Poder Judicial.

Poco después, en abril pasado se expidió la Junta de Transparencia y Ética Pública, dictaminando que la gestión de De León, en lo referido al uso de la tarjeta corporativa constituía un conjunto de “violaciones de las normas en materia de probidad, rectitud, legalidad, implicancias, buena administración financiera, rendición de cuentas y prohibición de uso indebido de fondos”. Un juicio terminante visto que la Junta tiene por finalidad la transparencia en la gestión pública así como la lucha contra la corrupción. Días después el Fiscal Luis Pacheco, entiendo que equivocadamente, rechazó aceptar el proceso demandado (entendiendo. fundamentalmente, que De León no era un funcionario público por lo que no le correspondían los delitos de peculado ni de abuso de funciones, agregando que Alur no había reglamentada la utilización de las tarjetas que otorgaba). No obstante admitió que el Senador realizó “un uso discrecional de (dicha tarjeta) e incurrió en conductas contrarias al principio de probidad en la función pública…” Señalando una clara falta ético-política por más que descartara delitos. A ello se suma ahora el terminante veredicto del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, cuidadosamente ocultado durante dos meses, que determina que De León cometió “múltiples actos indebidos en perjuicio de Alur y del interés y patrimonio público.”

¿Puede concebirse algo más definitivo que esta implacable secuencia de pronunciamientos? ¿Ninguna sanción política le cabe al Senador De León? ¿Que requiere el Frente Amplio, ante casos de corrupción manifiesta, para habilitar un juicio político? ¿Qué resta de aquella manifestación del Dr. Vázquez declarando que el Frente podía meter la pata pero jamás la mano?