GUSTAVO PENADÉS

El Senado se encuentra abocado al estudio del proyecto de Presupuesto Nacional a través del cual se prevén erogaciones por unos 9.500 millones de dólares. No sabemos si en la historia nacional habrá otro gobierno que haya contado con uno semejante. Por otra parte, las proyecciones de crecimiento de la economía son muy alentadoras por lo que no debe extrañarnos que en las próximas rendiciones de cuentas sea aumentado. Sin embargo, creemos que la prosperidad que se vive en el presente debería llamar a la prudencia y motivar un profundo compromiso con las generaciones futuras. Es decir, asumir con responsabilidad el hecho de que el futuro siempre es incierto y que nunca está demás tomar previsiones por lo que pueda pasar. Si lo que pasa es bueno; doblemente bueno será contar con una fuerte reserva, y si es malo, lo ahorrado servirá para aliviar el mal.

El gobierno del Presidente Mujica tendrá la oportunidad histórica de disponer de los recursos suficientes para hacer frente a algunas situaciones pendientes de solución desde hace años. En otros casos, los recursos no constituían el principal de los obstáculos y hoy a los recursos se suman los consensos partidarios necesarios para encaminar soluciones importantes.

Siguiendo esta línea de abordar aspectos generales del presupuesto corresponde señalar que tiene, por supuesto, aspectos positivos. Uno de sus aciertos más importantes, es el de cumplir con la vieja aspiración de eliminar paulatinamente el Servicio 222, dignificándose así a los policías y al trabajo que desempeñan.

Junto a los aciertos también, naturalmente, mantenemos discrepancias, algunas de ellas muy fuertes, tanto acerca de cómo son valorados y considerados algunos incisos, por ejemplo al Ministerio de Defensa, como en cuanto a políticas que se prevé desarrollar.

Advertimos también aspectos negativos importantes y que tienen que ver con su totalidad. Uno está vinculado a la ausencia de procedimientos para la medición de los resultados. El requerimiento de asignaciones presupuestales no está precedido de una exhibición de objetivos y metas concretos que justifiquen los recursos pedidos y que permitan su futuro contralor. Tampoco encontramos incentivos para que los recursos sean usados de forma más eficiente; es decir, para que con lo mismo se haga más.

Todo ello, siendo de difícil y lenta implementación, no encuentra en la oportunidad, por más que se diga lo contrario, principio de ejecución.

El otro gran olvidado es el contribuyente.

Es a él a quien el Estado le lleva parte de su esfuerzo y de su riqueza. No hay ni un compromiso ni un mensaje claro y explícito del gobierno transmitiéndole al ciudadano que, ya que los tiempos han mejorado, será menos exigente y gravoso. Y, lo que es peor, cuando se manejan eventuales y lejanas reducciones de la carga impositiva, además de ser éstas casi testimoniales, se presentan como una suerte de dádiva, de favor no merecido.

El tratamiento del Presupuesto seguirá durante un tiempo más así que tendremos oportunidad de abordarlo en sus aspectos más concretos y puntuales.