Gustavo Penadés
Gustavo Penadés

¿Hasta cuándo el Estado paralelo?

Una de las cosas que permitió comprobar la investigación de Ancap es la importancia de lo que se ha dado en llamar “Estado paralelo”. Es decir, el entramado de sociedades comerciales y de instituciones públicas no estatales que desarrollan actividades propias de las administraciones públicas, pero se rigen por el derecho privado.

Una de las cosas que permitió comprobar la investigación de Ancap es la importancia de lo que se ha dado en llamar “Estado paralelo”. Es decir, el entramado de sociedades comerciales y de instituciones públicas no estatales que desarrollan actividades propias de las administraciones públicas, pero se rigen por el derecho privado.

La variedad de campos que abarcan las referidas instituciones es enorme. Pueden ser instituciones financieras usadas en negocios internacionales; o sociedades propietarias de centros de atención telefónica; productoras de biocombustibles y azúcar; o un fideicomiso para explotar el Estudio Auditorio del Sodre.

Ese proceder no es nuevo, pero sí lo es el impulso fenomenal que le dio el Frente Amplio desde 2005.

Y esto resulta altamente paradójico, porque por un lado el Frente Amplio sostiene a capa y espada la defensa de un Estado controlador y todopoderoso, por el otro es el primero en actuar fuera del Estado.

En definitiva, con este proceder el Frente Amplio sigue demostrando que no quiere abordar el problema de fondo. Este consiste en la definición de un nuevo estatuto que actualice el funcionamiento del Estado. Como no quiere asumir ese costo, ya que las resistencias internas y de los sindicatos serían fuertes, lo que hace es mantener la apariencia de que se preocupa por mejorar el funcionamiento de la administración pública, pero, al mismo tiempo promueve el crecimiento del Estado paralelo.

Este estado de cosas, de nuevas agencias, institutos, sociedades anónimas y fideicomisos, abrió el espacio para una nueva clase de funcionarios públicos -lo son en un sentido amplio, en tanto el objetivo de su trabajo es alcanzar una finalidad pública a través de la administración de bienes públicos.

Estos nuevos funciona-rios públicos serían los responsables de algunas de las cosas negativas que se han visto en Ancap Y, justamente, una de las defensas esgrimidas por el Frente Amplio ¡es que no serían responsables en tanto se trata de empleados de una sociedad anónima…! Estos funcionarios acceden a sus trabajos por designación directa; no están alcanzados por las prohibiciones e incompatibilidades propias de los funcionarios públicos, reciben mejores salarios y no están sometidos al contralor de los organismos especializados.

Es así entonces, que después de décadas de despotricar contra “las prácticas neoliberales” el Frente Amplio está generando una gran cantidad de entidades que se rigen por el derecho privado, que están al frente de proyectos de enorme magnitud, y que dan pie a cosas muy oscuras como las que pasaron en Ancap.

El Partido Nacional viene, desde hace años, denunciando este estado de cosas, y también proponiendo marcos regulatorios, pero sin que hasta el presente se lo haya escuchado.

De continuarse en este camino, Uruguay terminará manteniendo la tradicional administración pública y, junto a ella, existirá un complejo entramado de entida-des de derecho privado que serán patrimonio del partido de gobierno.

Al final, quien terminará perdiendo será la sociedad. Malos servicios, más costos y un escenario propicio para la corrupción.

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