Un desafío que tiene por delante nuestra política exterior entendemos está vinculado con su participación en el esfuerzo nacional para proteger sus intereses en relación con situaciones que se verifican en ríos, lagunas, aguas jurisdiccionales y otros espacios marítimos relevantes para la economía y el medioambiente.

Naturalmente, la preocupación en algunos aspectos existe desde hace muchos años. Por eso se conformaron organismos bilaterales para la administración del Río de la Plata y del río Uruguay; la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, otra para el desarrollo de la laguna Merín, gestión del Frente Marítimo, etcétera. Sin embargo, pese a los loables trabajos de los diferentes organismos, entendemos prudente avanzar en el desarrollo de una mirada globalizadora que supere el presente en orden a la salvaguarda de los intereses nacionales.

Veamos, por ejemplo, que en el caso del río Uruguay la mayor parte de sus 1.800 km. de longitud transcurren fuera del tramo compartido con la República Argentina. Si bien la labor de la CARU es sumamente importante, no existe un organismo que involucre también a Brasil. Otra situación que se verifica y que es ilustrativa de lo que venimos sosteniendo tiene que ver con la compleja realidad del Río de la Plata y su cuenca. Respecto a esta, los aspectos a considerar son múltiples: van desde la preocupación por el Paraná y el dragado de sus canales, a la atención de la calidad medioambiental de las aguas, aspecto en el que hoy está puesta la atención por la construcción del emisor de aguas servidas cuyo impacto en el río y en las costas todavía no está claro cómo será.

El país debe mirar con pensamiento estratégico para cuidar dos dimensiones de la realidad que, lamentablemente, hoy en estos tiempos que nos toca vivir cobran mayor importancia. Por una parte, la riqueza ictícola de ríos, lagunas y los mares y por otro lado la calidad medioambiental de esos espacios respecto de los cuales está asociada la calidad de vida de los uruguayos. La actividad pesquera, deportiva, artesanal o industrial, exige un manejo adecuado y prudente de los recursos. En referencia a ese punto, es alarmante lo que está pasando en el Atlántico Sur, donde se están prácticamente depredando sus recursos. Ese espacio, definido por la FAO como Área 41, comprende la zona en disputa entre Argentina y el Reino Unido lo que contribuye a que, a diferencia de otras zonas, no disponga de un organismo que determine los criterios para la explotación sustentable de los recursos vivos. Esto permite que algunas flotas pesqueras que allí operan, -que en la noche vistas desde el aire parecen verdaderas ciudades- cometan los peores abusos.

Es así entonces que consideramos imperioso trabajar desde el Estado y la sociedad civil para tomar conciencia, en todos los niveles, de la importancia de estas cuestiones, ya que tanto impactan las excursiones de pesca ilegal provenientes de Argentina que depredan el río Uruguay, como algunas flotas que lo hacen en el Atlántico Sur. Sabemos que es difícil porque son muchos e importantes los intereses políticos y comerciales involucrados, pero es necesario incorporar estos temas a la agenda y avanzar en el diseño y ejecución de una política de Estado de larga duración.